Precisamente cuando el Producto Interno Bruto mexicano registró una estrepitosa caída del 8.5 por ciento al cierre del 2020 respecto al mismo período del año anterior, en esta bendita tierra se anunció con bombo y platillo la presentación de una iniciativa que –según expertos– puede poner en riesgo a la ya de por sí menguada economía doméstica.

Ciertamente, el mundo entero ha resentido los recurrentes embates de la indomable pandemia, al grado que china fue el único territorio del orbe que cerró el período con un resultado positivo; ello, pese a la crisis originada por el bicho que, justamente por aquellos lares, se cocinó a fuego lento en un caldito de murciélago. Frente al contexto adverso, el Ejecutivo federal acaba de hacer una importante apuesta dentro del sector energético nacional, lo que para algunos representa una verdadera contrarreforma a las modificaciones estructurales que fueron impulsadas por el gobierno que encabezó Enrique Peña Nieto.  

Al respecto, el presidente de los mexicanos y principal inquilino del Palacio Nacional, presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de carácter preferente con el objeto de reformar ocho artículos de la Ley de la industria eléctrica. Lo anterior –según se dijo– tiene como principal propósito fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, al priorizar la energía generada por el sector público a través de la referida empresa de participación estatal. Dicho de otro modo, lo que se pretende es que deje de ponderarse la adquisición de energía más barata y que -de forma preferente- se consuma en primer lugar la producida por las hidroeléctricas de CFE, seguida de la que deriva de otras plantas estatales, dejando al final de la lista a las energías renovables emitidas por empresas particulares. Lo anterior, sin contar otras novedades que tienen que ver con los permisos que otorga la Comisión Reguladora de Energía.  

Como suele ocurrir en estos casos, la moneda presenta dos caras. Para los bienquerientes del régimen cuatritransformado, la iniciativa de marras hace prevalecer el interés público mediante el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional, al tiempo que refrenda la soberanía al dotar al Estado mexicano de la rectoría exclusiva sobre el sector y, ya de pasada, asesta un duro golpe al monstruo privatizador que se anida en el modelo neoliberal (así, más o menos con esas palabras). Sin embargo, no todos opinan lo mismo; hay quienes afirman que una vez que el proyecto sea aprobado y entre en vigor, su aplicación traerá como consecuencia una irremediable alza en las tarifas al público, ya que la adquisición de la energía eléctrica por parte del CENACE no será determinada por el mejor precio sino en función al organismo generador; además, los críticos del sistema afirman que al ponerse en práctica la propuesta presidencial, habrá afectaciones al medio ambiente, pues se dejarán de consumir energías limpias para privilegiar el uso de combustibles ineficientes y contaminantes. 

Así, la lucha estelar en esta arena llamada México parece ofrecer inigualables emociones y –sin duda– lo mismo arrancará aplausos que rechiflas por parte del respetable. Sin embargo, aún cuando haya bastante tela de donde cortar, debemos reconocer que la mentada iniciativa será aprobada sin mayor jaloneo y, por si fuera poco, en un tiempo record; al respecto, recordemos que el carácter preferente de que fue investida, permite que su análisis, discusión y votación se efectúe en un plazo máximo de 30 días. 

Aquí en confianza, bien valdría la pena que los legisladores federales que conforman la abrumadora mayoría le fueran tanteando el agua a los ánimos del Tío Sam, ya que la referida propuesta y su eventual aprobación ocasionaría un profundo cambio en las condiciones regulatorias del sector energético, lo que podría resultar en flagrantes violaciones al mayor acuerdo comercial con nuestros vecinos del norte (T-MEC); mientras que también puede significar un marcado retroceso por parte de nuestro país hacia el cumplimiento del Acuerdo de Paris sobre el cambio climático, mismo que –por cierto– forma parte de la agenda prioritaria del recién ungido mandamás  en la nación de las barras y las estrellas, Joe Biden.

Entre que son peras o manzanas, ¿con la mentada iniciativa, realmente se pretende el fortalecimiento de la CFE o es apenas el inicio para echar por tierra las reformas estructurales del régimen anterior? Es pregunta. 

Iván Garza García
AQUÍ EN CONFIANZA