Por estos días se vive en Coahuila una auténtica “temporada de desafueros”, en el más amplio sentido del término. El Congreso de Coahuila estudia dos casos en los cuales puede retirarse el fuero constitucional a ediles, a fin de que puedan ser procesados penalmente, y la Procuraduría de Justicia ha informado de la apertura de una investigación en contra de un alcalde.

Tal realidad refleja, como ya se ha dicho en múltiples ocasiones anteriores, uno de los rasgos característicos del ejercicio del poder en nuestro País: el despotismo.

Y es que, como todos sabemos bien, la mesura, el recato y la sencillez no suelen ser rasgos que acompañen a nuestros servidores públicos en el ejercicio cotidiano de sus funciones. Lejos de tal posibilidad, en México el ingreso al servicio público ha sido históricamente concebido como la oportunidad de ingresar a un territorio de excesos.

Con los excesos, por supuesto, llega la aspiración de la impunidad, pues quien desde el poder actúa sólo al impulso de sus apetitos aspira también a que sus acciones sean atestiguadas sin que nadie ose siquiera dirigirle una mirada de reprobación.

Desde tal perspectiva, sin duda, actuaron los regidores de Cuatrociénegas y Arteaga, a quienes se considera presuntos responsables de conductas delictivas, así como el Presidente Municipal de Francisco I. Madero, señalado como presunto agresor de un menor de edad.

En los primeros dos casos, el inicio de las investigaciones penales ha obligado a la intervención del Poder Legislativo para cumplir con el procedimiento del juicio de procedencia. El tercero podría seguir el mismo curso, en caso de encontrarse elementos para ello.

Más allá del desenlace que tengan estas historias, los casos que hoy se acumulan ponen sobre la mesa -una vez más- la discusión relativa a la necesidad de que los funcionarios públicos no gocen más de una protección ideada originalmente para garantizar la libertad de expresión, pero que a últimas fechas se ha  convertido en un escudo de impunidad para los más impúdicos representantes de nuestra clase política.

Los desafueros de nuestros funcionarios electos debería provocar en el Poder Legislativo una discusión que vaya más allá de sólo analizar los casos que han sido sometidos a su consideración y, eventualmente, declarar a lugar que se proceda penalmente en contra de los imputados.

La evidencia de los excesos tendría que llevarnos, por lo menos, al análisis de la necesidad de modificar la figura del fuero constitucional, a fin de que ésta no pueda ser invocada en casos de flagrancia o para hacer expeditos los procedimientos respectivos.

Porque tal como hoy se encuentra en las normas la figura del fuero, el único mensaje que se envía a la sociedad es la inexistencia de voluntad política para combatir -en serio- y erradicar los excesos de nuestros funcionarios.