Este artículo quiere mostrar a los lectores la larga tradición que en Coahuila tenemos en lo que toca a desaparecer personas, no buscarlas ni siquiera mencionarlas y menos hacer justicia. Me referiré al pasado tanto como al presente: 450 años nos contemplan.

Todo empezó mucho tiempo antes de que se fundaran Saltillo, Monterrey o Monclova. Si sabemos que Saltillo existía ya en 1572, creeríamos que los esclavistas europeos iniciaron ese año sus actividades de secuestro de indios para venderlos. No fue así. Encontré en Sevilla una denuncia de los secuestros de indios para ser vendidos en las tres grandes Antillas: Puerto Rico, Cuba y Santo Domingo. En 1564, el obispo de Guadalajara le dice a Felipe II, rey de España y las Américas, que se están secuestrando indígenas, asesinando a los que se resisten y maltratándolos. Menciona uno de los lugares: la laguna de Mayrán, en el río Sain. Así que no hay duda de que los delincuentes habían penetrado 800 kilómetros al interior. Esto supone que habían arrasado antes a los indios de la costa de Tamaulipas, de los valles que serían luego Monterrey y Saltillo, lo que sería Parras y luego lo que hoy es Viesca y San Pedro.

Como era de esperar, el rey, que había dictado leyes en que se prohibía esclavizar “a mis amados súbditos los indios”, estaba mintiendo. ¿Por qué puedo afirmar algo así?, porque él apoyó con recursos económicos y la protección política al ingreso de esclavistas portugueses en lo que se denominaba Seno Mexicano (Golfo de México). Si había leyes, significa que los portugueses eran delincuentes y que el rey propició la impunidad de los corruptos. (¿Le recuerda algo o a alguien?)

El obispo escribió que “contra natura” se separaban esposos de esposas y madres de sus hijos. Los secuestros siguieron durante más de un siglo y medio. Serían dos obispos de Guadalajara, Juan Ruiz de Colmenares y Santiago de León Garabito, quienes retomarían la defensa de los pobres nómadas y, entre ambos, el padre Juan Larios en 1673, a cien años de que empezó el esclavismo.

No quiero dejar esa cifra en el aire porque parecería decir que después del padre Larios todo cambió. Para nada. Precisamente el obispo Garabito, posterior a Larios, escribió la más memorable de las condenas a las prácticas perversas de los regiomontanos. Sus datos los obtuvo de los españoles de Monterrey, a los que encuestó bajo juramento. El obispo excomulgó de la Iglesia al gobernador del Nuevo Reino de León. Luego vendrían otros muchos raptos, que seguirían hasta 1886. Se acabó cuando no había indígenas.

Ese es nuestro pasado. Todavía es desconocido o aún negado por muchos intelectuales coahuilenses. ¿Qué de nuestro presente?

Puesto que nos ha tocado vivirlo, sabemos que, en Coahuila, en los últimos años hubo miles de secuestrados y desaparecidos. Ahora de una manera distinta a la mencionada. Aquellos eran vendidos, los de hoy asesinados o desaparecidos. No hemos llegado a comprender la dinámica de la maldad. Los hechos de Piedras Negras y Allende (secuestrados para matarlos) suman no menos de 450 personas. Aparte tuvieron lugar varios miles durante los mandatos de Humberto Moreira, Jorge Torres y los dos primeros años de Rubén Moreira (debo reconocer que éste inició el combate a los criminales).

¡Qué historia!, ¿no? No creo que exista otro estado mexicano, excepto Nuevo León, que tenga tras de sí esta larga tradición de perversidad. Si empezó con Felipe II siguió hasta Enrique Peña Nieto.

No debe haber perdón de los secuestros. Las víctimas no lo pueden aceptar. Debe haber castigo para que haya justicia.

Déjeme recordar algo que los cristianos (de todas las denominaciones) no han intentado entender. Cristo quería construir un reino de justicia, de amor y de paz. Lea la frase, por favor: justicia primero. Sin justicia no puede haber amor ni tampoco paz.

Pertenezco al Grupo Autónomo de Trabajo. Lo conformamos unos cuantos que nos hemos puesto al servicio de las familias de desaparecidos. Esto me enorgullece y me pesa bastante.

Creo que el gobernador Miguel Riquelme tiene frente a sí una oportunidad histórica de llevar a cabo las recomendaciones, exigencias, denuncias y peticiones de las víctimas (los cinco colectivos). Rompería esa larga cadena que nos debería avergonzar.