Por José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia. Miembro de El Colegio Nacional

Al momento de terminar esta columna, ningún deportista mexicano ha ganado medalla alguna en Río de Janeiro. Ello ha provocado críticas amargas y realistas sobre su desempeño pero, sobre todo, la pobreza de medios y talentos de las autoridades en la materia. Las culpas se han repartido ampliamente. Se ha comenzado, como liturgia cuatrienal, a repasar lo que está mal o muy mal. Que si es la falta de apoyos, que si es la corrupción, que si es la influencia de la política. Nada que no hayamos escuchado antes y nada que no vayamos a escuchar en dos años cuando venga el mundial de fútbol. No he hecho el ejercicio, pero me parece que si se toman los diarios de otras olimpiadas, mundiales o juegos panamericanos y se cambiaran nombres de deportistas y, sobre todo, de funcionarios, habría grandes coincidencias quitando, desde luego, el nombre de nuestros pocos medallistas y sus entrenadores.

El mérito de los resultados olímpicos es mostrarnos algo que trasciende al deporte: nuestra pobre institucionalidad. ¿Cómo es posible que un país de alrededor de ciento veinte millones de habitantes y con una importante economía a nivel mundial, más allá de sus profundas desigualdades, no pueda generar y mantener una amplia cantidad de deportistas competitivos? En el país contamos con un amplio sistema escolarizado que pudiera funcionar como medio de identificación de personas talentosas y dispuestas a incorporarse a programas ordenados y supervisados. Por medio de clubes, academias y asociaciones, podría lograrse el mismo resultado. Luego, desarrollar programas para quienes se desempeñen bien y logren resultados. Visto así el asunto, nada es imposible de lograr.

Al igual que en otros muchos temas, la formalización jurídica del deporte es magnífica. El artículo 4° constitucional garantiza el derecho a la cultura física y al deporte, y obliga al Estado a promoverlo, estimularlo y fomentarlo. El Congreso de la Unión tiene la facultad de legislar en esa materia para establecer la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. Contamos con una Ley General de la Cultura Física y Deporte y un Programa Nacional de Cultura Física y Deporte. En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, se prevé la posibilidad de asignar recursos a esta actividad mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, la facultad de que la Conade otorgue subsidios a las asociaciones deportivas nacionales y demás instituciones y organismos públicos que cumplan con la Ley, y se prevén también importantes montos específicos otorgables mediante los programas de Cultura Física y Deporte y Atención al Deporte.

Si hay seres humanos dispuestos, posibilidades de identificación y preparación de ellos y su marco jurídico ideal, ¿por qué entonces nuestra competitividad deportiva es mala? Porque al igual que con otros muchos temas de la vida nacional, nada de eso funciona. Tiene que pasarse por federaciones, asociaciones, confederaciones y otras formas organizativas públicas y privadas que distorsionan ese funcionamiento, no por el hecho mismo de ser organizaciones, sino por el modo en que entre ellas compiten y son incapaces para asignar eficientemente los recursos.

Con el deporte pasa exactamente lo mismo que con muchas otras actividades. Lo único diferente es que al estar frente a un evento mundial, encapsulado y resaltado, las deficiencias de nuestra institucionalidad sobresalen y aparecen como alarmantes. En realidad y desafortunadamente, lo que pasa con el deporte no se diferencia de lo que pasa en otros ámbitos. Normas ideales, leyes incumplidas, recursos desperdiciados, excesivas burocracias, enfrentamientos orgánicos. Si vemos la construcción de infraestructura, los subsidios al campo, los fondos contra la pobreza, los asentamientos humanos, la justicia ordinaria, se parecen en mucho a lo que pasa con el deporte. Si en estos sectores hubiera olimpiadas, tampoco ganaríamos medallas.