La frase que encabeza este articulo ha sido mencionada en varias ocasiones por Ángel Simón, presidente ejecutivo de Aguas de Barcelona (Agbar), integrante del grupo Suez, reafirmando así el compromiso de su empresa con los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, agregando que: “La pobreza no tiene apellidos, es una realidad que afecta a muchas familias y se manifiesta en todas y cada una de las vertientes de la vida de las personas”.

Aguas de Barcelona decidió a partir de 2018 perdonar la deuda que han generado quienes no pueden hacer frente a los gastos del consumo de agua. Además, esa deuda se perdona incluso si ha sido generada antes de que los servicios sociales hayan declarado su situación de vulnerabilidad.

Esta iniciativa se suma a la línea de ayudas iniciada por Aguas de Barcelona desde hace años para apoyar a quienes tengan problemas para afrontar el día a día. Además de la condonación de la deuda a través del Fondo de Solidaridad, se han firmado convenios con 22 municipios del área metropolitana de Barcelona para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la pobreza energética y garantizar el suministro de agua a quien no lo pueda pagar por falta de recursos económicos.

En Saltillo, Aguas de Barcelona a través de Interagbar de México se asoció con Simas Saltillo en el año 2001, adquiriendo el 49 por ciento de las acciones del Sistema Operador, a través de una licitación en la que participó únicamente esta empresa. Hay que tener en cuenta que el proceso de licitación lo efectuó la empresa Arthur Andersen (AA), en ese entonces una de las auditoras más prestigiosas del mundo y asesor contable de Aguas de Barcelona, siendo así juez y parte en este proceso. En el año 2002, AA fue declarada culpable con cargos por obstruir a la justicia y destruir documentos relacionados con la compañía energética Enron. Con esos antecedentes, la participación de Aguas de Barcelona como socio de Simas, a través de Interagbar de México, empresa creada en la Ciudad de México específicamente para este contrato, abona a las sospechas de fraude en la creación de Agsal.

A lo largo de más de 18 años, Agsal ha sido cuestionada y denunciada múltiples veces por violaciones a la Constitución, leyes, reglamentos y contratos, inclusive se le denunció ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en tres ocasiones (Viena, Austria; Lima, Perú y Barcelona, España), sin que haya trascendido con las autoridades municipales saltillenses en turno, ignorando los dictámenes de los Tribunales. Como parte de las violaciones a la Constitución se ha violado constantemente el artículo 4, que se refiere al derecho humano al agua.

De acuerdo a informes de la misma empresa (Agsal), se le corta el servicio a más de 100 mil usuarios anualmente, y más de 15 mil familias lo tienen suspendido en forma definitiva (a no ser que liquiden sus adeudos de miles de pesos), afectando a más de 60 mil saltillenses por no poder pagar el servicio.

El pasado 28 de diciembre, Agsal redujo al mínimo el flujo del agua para el albergue “Belén, Casa del Migrante”, por un adeudo de más de 450 mil pesos. Además tiene la tarifa más alta que se pueda aplicar. La labor de la Casa es dar apoyo y seguridad a migrantes y refugiados que llegan a Saltillo, así como la promoción y defensa de los derechos humanos de personas. El apoyo humanitario que brinda incluye cuidados médicos y psicológicos para quienes los necesiten, así como asesoría legal en cuanto a trámites migratorios y deportación.

La actitud de Agsal es un atropello hacia la institución, al violar el Derecho Humano al agua consagrado en la Constitución. Los saltillenses deberíamos de solidarizarnos con ella, pero también pedirle a la empresa que actúe de la misma manera como lo hace Aguas de Barcelona en España. Demandarle a los integrantes del Consejo de Administración, “nuestros representantes ciudadanos (Gonzalo Ibarrarán González, presidente; Juan Ramón Cárdenas Cantú; Enrique González Pons; Felipe Mellado Flores y Eglantina Canales Gutiérrez)” que actúen en defensa de los grupos y personas vulnerables (¿conocerán ellos la Casa del Migrante?). También debemos exigirle al alcalde Manolo Jiménez (presidente honorario, con voz pero sin voto) que asuma el puesto de presidente del Consejo, tema ampliamente discutido durante mi participación en el Cabildo como regidor durante la administración 2017, hecho que fue rechazado por el Alcalde a lo largo de la administración, inclusive utilizando a otros regidores y la secretaria del Ayuntamiento para bloquear mi propuesta en el cabildo, como si tuviera temor de hacerle frente a esa responsabilidad y verse involucrado en los malos manejos de los que se sospecha.

Anualmente el municipio recibe de participación de utilidades de Agsal más de 30 millones de pesos. ¿Acaso no podría solidarizarse con la Casa del Migrante y ayudarles con la deuda? ¿Por qué tampoco Isidro ni Jericó los apoyaron? ¿Qué hubiera pasado si este albergue no existiera y los migrantes tuvieran que andar por decenas o cientos en las calles? El Gobierno estatal, el municipio y la sociedad en su conjunto, están en deuda con él y deberían agradecer la labor que lleva a cabo en Saltillo y no dejarlos a su suerte.

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