El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fustigó la decisión de un juez federal de San Francisco sobre las acciones de la Casa Blanca contra las ciudades fantasma y amenazó con llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia.

“Primero, el Noveno Circuito dictamina en contra de la prohibición y ahora golpea de nuevo sobre las ciudades santuario—ambos dictámenes ridículos. ¡Nos vemos en la Corte Suprema!”, escribió este miércoles en su cuenta de Twitter.

La víspera, el juez federal de distrito de San Francisco, William Orrick III, determinó que el presidente estaba excediendo su autoridad constitucional al tratar de castigar a los gobiernos locales que no estaban de acuerdo con sus políticas de inmigración.

La decisión de Orrick III siguió a una audiencia del 14 de abril en una corte federal sobre la solicitud de San Francisco y del Condado de Santa Clara de detener la ejecución de la orden de Trump de suspender fondos a ciudades que se rehúsen cooperar con el gobierno federal.

En otro mensaje de Twitter, Trump hizo notar que los fallos de los jueces del noveno circuito son revertidos en caso un 80 por ciento de los casos, y sugirió que los opositores de sus políticas notorias eligen esa corte para buscar bloquear a la Casa Blanca.

Sólo entre 2014 y 2015 las ciudades santuario rechazaron más de 17 mil peticiones (detainers) de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que permiten a las autoridades retener a un detenido durante 48 horas adicionales para decidir si es acusado formalmente o deportado.

Aunque los edictos de cada ciudad o condados tienen efectos diferentes, las ciudades “santuario” rechazan en general entregar a las autoridades a inmigrantes que sólo cometieron la falta administrativa de ingresar ilegalmente al país pues no se considera un delito grave.

Las ciudades “santuario” forman parte de un movimiento iniciado en Los Ángeles en 1979 luego que la ciudad emitió la Orden Especial 40, que prohibió a sus agentes policiales inquirir sobre el estatus migratorio de un persona detenida.

Desde entonces, un total de 364 condados y 39 ciudades, incluidas algunas de las más grandes de Estados Unidos como Nueva York, San Francisco, Washington DC, Miami, Seattle, Chicago, Baltimore, Sacramento y Filadelfia han aprobado ordenanzas similares.

Por separado, la Casa Blanca calificó la acción del juez de San Francisco como un “escandaloso ejemplo de extralimitación de un juez distrital individual no electo por el pueblo”.

Vamos a utilizar todos los remedios legales contra la amenaza de la ciudad de santuario que ponen en peligro a nuestros ciudadanos, y vamos a continuar nuestros esfuerzos legales para remover a criminales y a pandilleros del país”, sostuvo la Casa Blanca.