Pudiera parecer un contrasentido, pero no es así. Las últimas semanas hemos sido testigos de una tendencia a la baja en el precio del barril de petróleo. En octubre del año pasado, llegó a cotizar en los 73.23 dólares y para el cierre de la jornada del pasado viernes, la mezcla mexicana se comercializaba en los mercados internacionales en 47.02 dólares, lo que representa una caída del 35% en su valor.

Si lo comparamos con el precio de 55 dólares estimado en el Paquete Económico 2019, resulta que estamos un 14% abajo del valor proyectado para el crudo mexicano, sobre el cual se elaboró la Ley de Ingresos de la Federación 2019.

No obstante esta bajada en los precios internacionales y que existe un panorama nada claro sobre el rumbo que pudieran tomar en el futuro las cotizaciones del energético, pudiera convenirle tanto al país como a la actual administración –que ya vimos que no necesariamente mantenemos los mismos intereses en común–, que los precios se mantengan en niveles bajos.

Al Gobierno en funciones le beneficiaría en términos de menores costos de importación de gasolina (80% del consumo total es importada) y, por ende, en un menor estímulo fiscal por el cobro del IEPS. Lo anterior redundaría en dar cumplimiento a la promesa de campaña de bajar los precios de las gasolinas y además liberando recursos del presupuesto para destinarlo a otros usos.

El problema en todo caso vendría por el lado de los ingresos. No obstante el hueco que ello provocaría en las arcas públicas sería limitado y acotado por dos motivos: I) la menor dependencia que el presupuesto público ha venido mostrando en los últimos cuatro años respecto de los ingresos petroleros (en el año 2014 representaban el 30.7% de los ingresos totales del sector público y para el año 2017 fueron tan sólo del 16.7%); y II) por el seguro de coberturas de precios del petróleo que México tiene contratado.

Hasta el tercer trimestre del año pasado, el Gobierno de Peña Nieto habría erogado alrededor de 23 mil 500 millones de pesos en la contratación de estas coberturas, las cuales se utilizan cuando los precios internacionales, se encuentran por debajo del nivel que se haya pactado con las “aseguradoras” en la negociación de las coberturas. Generalmente ese nivel de precio que el Gobierno negocia es el mismo o muy cercano al que se plasma en el Paquete Económico del año siguiente.

Los recursos utilizados para la contratación de este instrumento financiero provienen del llamado Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, el cual es una bolsa que se va conformando con los ingresos excedentes que se van registrando en los diferentes ejercicios fiscales y cuya finalidad es la de aminorar el efecto sobre las finanzas públicas cuando ocurran disminuciones de los ingresos del Gobierno Federal, con respecto a los estimados en la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

Una reducción del precio del crudo beneficiaría en el sentido de que, desde el primer año del presente gobierno, se utilicen las coberturas petroleras y se valore en su justa dimensión la pertinencia de contar con este seguro. No vaya a ser que también se les ocurra, en su famoso afán de “la austeridad republicana”, dejar de contratar este tipo de coberturas de riesgos por considerarlo innecesario o, peor aún, por ser un producto de mercados neoliberales.

Es mejor que el golpe nos caiga de una vez, que se haga uso de ese instrumento y ya que los que tomen las decisiones valoren si conviene o no seguir contando con esa protección.

El autor es economista y catedrático de la Universidad La Salle Saltillo