Cuando las instituciones de tecnología financiera, mejor conocidas como fintech, fueron creadas, una de sus características fundamentales, y objetivos principales, también, fue facilitar y hacer más accesibles los productos y servicios financieros.

Sin embargo, esta particularidad que ha hecho tan atractivas a las fintech podría estar en peligro por el cumplimiento que se espera hagan de las normas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En entrevista con Fernando Macías Jasso, Socio de Financial Advisory en Deloitte México, comentó que si bien aún no se han definido con claridad cuáles serán las medidas específicas que las fintech deberán seguir, las autoridades buscan que éstas sean similares a las que cumplen las empresas que ofrecen servicios financieros y/o las que llevan a cabo actividades vulnerables.

Nos referimos, por ejemplo, a acciones como identificar al cliente, mantener los expedientes bien documentados, contar con una persona responsable en materia de cumplimiento y dar aviso a la autoridad en caso de detectar operaciones inusuales o sospechosas.

Cumplir con estas actividades será un desafío para las instituciones de tecnología financiera no solo en lo referente a su relación con las autoridades y los órganos reguladores, sino también con los usuarios que las eligen por la comodidad rapidez y facilidad que representan.

Así, al verse obligadas a cubrir los nuevos requerimientos regulatorios que se les exigen, lo más probable es que las fintech pierdan una gran parte de la rapidez y agilidad que las ha caracterizado y las ha convertido en una opción atractiva para sus clientes.

De igual forma, el cumplimiento de las normas antilavado implicará un reto para las fintech en su relación con las instituciones financieras tradicionales, quienes en su intención de cumplir con este marco normativo, solicitarán a las fintech evidencia de su cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y, en caso de no cumplir, podrían negarles acceso a los servicios financieros regulados.

Además del desafío de cumplimiento regulatorio, las normas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo pueden representar también, para las fintech, un desafío operacional y de negocios.

Al tratar de cumplir con este marco normativo, las instituciones de tecnología financiera podrían perder la agilidad y rapidez que atraen a sus clientes.

Cumplir con normas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo se vuelve un tema relevante al hablar de las fintech porque se trata de un sector que, por su naturaleza, puede ser aprovechado por ciertas personas para realizar este tipo de actividades ilícitas.

Si bien puede tratarse de clientes con una actividad empresarial perfectamente legítima, también existe el riego de que algunas personas utilicen a las instituciones de tecnología financiera, por su agilidad y rapidez, para intentar ocultar la procedencia de recursos ilícitos o para transferirlos de una región a otra, evitando de esa manera que puedan ser detectados, revisados o supervisados por las autoridades.

Se trata de un tema importante en el que tanto las instituciones de tecnología financiera como las autoridades deberán trabajar en conjunto para adoptar la regulación en la materia y mitigar los posibles riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En ese sentido, será fundamental conocer cuál es el marco normativo con el que las fintech deberán cumplir, el cual aún no se ha dado a conocer y forma parte de la regulación secundaria de la “Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera”, aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 1 de marzo, tras varios meses de discusión.