La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, reiteró hoy que no renunciará a su mandato, amenazado por un juicio político con miras a su destitución, pues hacerlo sería equivalente a "enterrar la prueba viva del golpe".

En un acto en el que se firmaron contratos para la construcción de 25,000 viviendas populares, Rousseff insistió en que el proceso que puede acabar con su mandato tiene como principal objetivo poner fin a los programas sociales desarrollados por su Gobierno.

"En América Latina, cuando no se quería una cierta política, se daba un golpe de Estado", pero "antes era con las bayonetas y usando a las Fuerzas Armadas", declaró la mandataria.

Apuntó que "ese proceso fue superado y, ahora, si se oponen a los programas sociales de un Gobierno, si no tienen votos para disputar elecciones directas, se valen del 'impeachment'", como se conoce en Brasil el proceso de destitución de un gobernante.

Rousseff sostuvo que "todos los beneficiarios del proceso que pretende usurpar el poder" son "cómplices del golpe", e incluyó entre ellos al vicepresidente Michel Temer, quien asumiría su lugar en caso de que el Senado decida, la semana próxima, abrir el juicio político.

El trámite está ahora en manos de una comisión del Senado, que hoy mismo votará un informe que recomienda instaurar el proceso que puede llevar a la destitución de Rousseff, el cual cuenta con amplio apoyo entre los 21 parlamentarios que integran ese grupo.

Ese informe llegará la semana próxima al pleno del Senado, que tendrá la última palabra sobre el asunto y que, en caso de aprobar la apertura del juicio, llevará a que Rousseff sea separada del cargo durante 180 días y sustituida durante ese período por Temer.

En caso de una destitución de la mandataria, el vicepresidente completará el período que vence el 1 de enero de 2019.