Tras la serie de señalamientos contra jueces por el caso del fraude en Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, informó que hasta la fecha no se tiene conocimiento de que la instancia de procuración de justicia esté desarrollando indagaciones por estos casos.

Fue a inicios de la última semana de enero, cuando el Gobierno Federal dio a conocer los montos exactos por los cuales se han realizado una serie de fraudes contra derechohabientes del Infonavit, mismos en los que se calculan por lo menos 300 mil créditos irregulares en todo el país, incluyendo a Coahuila.

“No tengo noticia formal o aviso de que hayamos recibido alguna denuncia en este momento. Entiendo que la investigación es de carácter administrativo”, explicó el fiscal.

En ese sentido, Márquez Guevara detalló que la instancia jurídica del Estado, primero tiene que llevar un procedimiento al interior de su órgano para determinar si encuentra elementos que los conduzcan a interponer una denuncia penal ante su instancia.

Sin embargo, agregó que se tiene conocimiento únicamente de dos denuncias que se llevan ante dicha fiscalía contra jueces del Poder Judicial de Coahuila, de las cuales una está en los archivos de la Fiscalía General del Estado, y la otra fue turnada a la Fiscalía Especializada en la investigación de posibles actos de corrupción.

EL FRAUDE CON EPICENTRO EN COAHUILA

Mientras a nivel nacional se informó que el fraude contra derechohabientes del Infonavit en México se gestó mayormente en Coahuila, a nivel local siguen sin ser denunciados los jueces y demás funcionarios judiciales que hasta el momento han sido involucrados.

A nivel local, incluso, éste sería el escándalo más grande en la historia del Poder Judicial local, mayor que el último, que fue el desfalco por el Ficrea, en tiempos de Gregorio Pérez Mata en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

EL DATO

En Coahuila, el Poder Judicial local a través del Consejo de la Judicatura suspendió de sus funciones a seis jueces civiles y 12 secretarios de acuerdo y trámite.