No es la primera vez que sucede. Al contrario, en vísperas de la tercera reestructuración de la deuda pública de Coahuila viene a cuento un hecho poco explorado hasta ahora: cada que Gobierno del Estado renegocia los créditos bancarios (como sucedió en 2011 y 2015) la inversión se reduce al mínimo. Sigue un patrón de comportamiento presupuestal. Dicho de otra forma: representa un año perdido.

Me explico. El pasado 30 de julio fue puesto en oferta una vez más al mejor postor ese lastre vitalicio apodado megadeuda. Con ello Finanzas pretende le tiren un cable para llegar a la orilla y no ahogarse. Puede hacerlo, pues la Legislatura anterior –de mayoría priísta– concedió autorización por adelantado.

El asunto es muy simple: de concretarse, los bancos bajarán la tasa de interés actual a cambio de ampliar el plazo de pago. No puede ser de otra manera: son instituciones de crédito, no hermanitas de la caridad. Viven de eso. O en una metáfora: aflojarán un poco la presión que ejerce la bota en nuestro cuello, pero nos mantendrán más tiempo pisados. Pregúntese usted qué interés tendrían de participar en un proceso para favorecer a su deudor. La casa nunca pierde.

Ahora bien, si contrastamos los años que aumentaría la obligación de pagar con el porcentaje anual que disminuirían los intereses, será más costoso a la larga. Saldrá más caro el caldo que las albóndigas.

Se ha explicado a profundidad: implica tapar un pozo para abrir otro.

En 2011 se reestructuraron 35 mil 831 millones de pesos. En 2018 proyectan renegociar 36 mil 121 millones de pesos. Ahora, en 2018, la deuda absorbe 94.23 por ciento de participaciones federales. Antes, en 2011, literalmente succionaba 96 por ciento del rubro. Si estamos como al principio, ¿qué ha pasado entonces en los últimos años?

Aquí va: entre 2010 y 2018 han sido tirados a la basura 36 mil 263 millones 650 mil pesos, de acuerdo con los informes anuales de la Auditoría Superior del Estado, donde consta su aplicación al “servicio de la deuda”.

Y es lógico, ya que la tasa de interés interbancario cuando se contrató el grueso de créditos (2010) era de 4.85 por ciento. Actualmente se ubica en 8.15 por ciento. Casi al doble. No hay defensa contra eso, pues el mercado financiero no lo controla una minúscula entidad semipoblada y semidesértica que no figura en el mapa político nacional.

No salimos del bucle. Como si se tratase de un meteoro que cada tres años pasa por el mismo sitio. En 2011 se autoriza y se consuma la primer reestructura. En 2014 se autoriza y en 2015 se consuma la segunda. En 2017 se autoriza y en 2018 se consuma la tercera.

Pese a que 18 mil 009 millones de pesos fueron adquiridos falseando documentos, sin autorización del Congreso del Estado, nunca ingresaron a ejercicio fiscal, la cantidad no figura en las auditorías y la cuenta pública de 2010 (año del desastre) fue reservada hasta 2019, diputados del PRI como Hilda Flores, Verónica Martínez, Salvador Hernández Vélez, Fernando de las Fuentes o Enrique Martínez legalizaron el atraco en 2011. Entonces pasó de 9 a 20 años. En 2015 de 20 a 30 años.

Si cada trienio en promedio hay borrón y cuenta nueva, la secuencia puede volverse infinita hacia el futuro. Así, por ejemplo, en 2030 se renegociaría por séptima vez para terminar liquidando en 2060 una deuda que se contrajo en 2010, es decir, 50 años atrás.

¿No le resulta por lo menos penoso, indignante, kafkiano?

En 2015, para dimensionar, la inversión pública en Coahuila solamente alcanzó mil 849 millones 595 mil pesos, mientras que a la deuda se destinaron 6 mil 841 millones 291 mil pesos. En 2011 la reestructura de la deuda (que supone comisiones por apertura, costos de rompimiento (penalizaciones) establecidos en los contratos, honorarios y asesorías) costó mil 964 millones de pesos. En 2015, 2 mil 730 millones de pesos.

Cortita y al pie

En los términos que se propone la reestructura, además de Humberto Moreira, Jorge Torres, Rubén Moreira y Miguel Riquelme, tocaría también a quienes gobiernen de 2024 a 2029, de 2030 a 2035, de 2036 a 2041, de 2042 a 2047 y de 2048 a 2053. Al vigente y cinco sexenios más. Por lo menos nueve Gobernadores, si en el camino no hay remedios radicales y todos hiciesen lo mismo que Torres, Moreira II o Riquelme: patear la lata, estirar el chicle, escurrir el bulto. Prorrogar el problema para que les toque a otros. Diferir sus efectos.

La última y nos vamos

Por lo demás, podemos dar 2018 por perdido. No hay propuestas de solución innovadoras ni en éste ni en ningún caso de los escasamente abordados en los primeros ocho meses de administración.

Ahora bien, si para soltar los recursos del Impuesto Sobre Nómina –como se publicó aquí la semana pasada– la condición del Gobernador fue la reestructura de la deuda, considerando que ésta terminará el 15 de septiembre si bien va, eso significa que no habrá obras públicas hasta octubre. El último trimestre del año. Estamos, pues, a punto del colapso.

El tema de los últimos ocho años ha sido la deuda y lo peor: el tema de los próximos 30 ó 40 años puede seguir siendo la deuda si no se supera. Pero no se superará mientras no se aclare y mucho menos se castigue a los responsables. Así de fácil.

@luiscarlosplata