No coinciden las perspectivas de crecimiento económico para 2018 de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México respecto a las del Fondo Monetario Internacional. 

Dadas las expectativas de este 2017, sobre todo por la industria automotriz al incrementar la producción y las exportaciones hacia Estados Unidos (por su reducida tasa de interés, de 1 a 1.25  por ciento), inicialmente el Fondo incrementó la expectativa de crecimiento del PIB nacional de 1.9 a 2.1 por ciento; sin embargo, por la incertidumbre generada por la renegociación del TLC, para el próximo año su proyección lo sitúa en 1.9 por ciento, lo que implica reducción de  inversión directa y eventual estancamiento del empleo. 

Expectativa similar, el Fondo ubica el crecimiento económico de Estados Unidos en 2.2 por ciento y de Canadá en 2.1 por ciento, lo que es  un reconocimiento tácito de que a casi diez años la crisis estructural de 2008 aún no se supera.

En los Criterios de Política Económica de la Secretaría de Hacienda y en el Informe Trimestral de Banxico la expectativa es relativamente optimista, ya que el año próximo ubican al PIB en 2.5 por ciento. Los funcionarios de las dos dependencias defienden sus pronósticos por el “mejor comportamiento de la economía del que se tenía previsto para 2017, debido a las reformas estructurales” (¡magia!).

La verdad es que los dos pronósticos –externo e interno- están muy por debajo de las necesidades de México y reflejan tres aspectos de nuestra economía: el primero que el modelo de libre mercado –acotado si así lo definen- sigue sin dar resultados positivos para la sociedad mexicana (2 por ciento promedio de crecimiento económico en 30 años); que aún se padecen los efectos negativos de la crisis del 2008; y el riesgo permanente de la estrategia, casi exclusiva,  por el TLC y la histórica negativa de diversificar efectivamente el mercado externo –aún con 12 TLCs con 46 países- en otras regiones del mundo, sobre todo Asia y América Latina.

Si bien las dos posiciones mencionan la incertidumbre negativa que impactaría la inversión, el tipo de cambio y  la inflación, no señalan lo más importante de la débil economía mexicana que estas mismas tres instancias han provocado desde la década de los ochenta del siglo pasado, es decir las variables estructurales que no permiten un crecimiento sostenible: ausencia de política económica integral que oriente y dé rumbo a la economía; dispendio y equivocada aplicación de recursos petroleros en más de veinte años, lo que generó que ahora se importe más del 48 por ciento de diésel y gasolinas; amplio margen en las tasas de interés de la banca comercial (ahorro-tasa pasiva, crédito-tasa activa) que obstaculiza el financiamiento a empresas sobre todo micro, pequeñas y medianas; reducida inversión pública en infraestructura productiva que prácticamente se ha estancado en quince años al crecer sólo 2.1 por ciento promedio anual (de 27 por ciento en 2010, en 2016 se redujo a 22 por ciento del gasto total); el incremento de la deuda federal que en mayo de este año fue de 9 billones 200 mil millones de pesos (5.68 billones de pesos interna y 3.52 billones de pesos externa), lo que representa casi el 50 por ciento del PIB; reducción histórica del salario real –más aún con la reforma laboral Calderón-Peña de noviembre de 2012-, lo que ha debilitado la demanda agregada y por tanto el mercado interno; dependencia externa en producción de alimentos, porque en promedio se importa más del 40 por ciento de  productos agropecuarios de la canasta básica; elusión y condonaciones fiscales que en cuatro años suman 1.345 billones de pesos; excesivo gasto corriente federal que en quince años ha aumentado más de 300 por ciento; entre otras. 

¿Magro crecimiento económico? Estas son las causas históricas, no es sólo incertidumbre.