Esta semana un niño de trece años asesinó a una pequeña de once. Ambos crecieron en Monclova, Coahuila, eran novios y lo último que ella publicó en su muro de Facebook decía que el novio estaba enojado porque ella defendió a su hermano en un pleito entre ambos chicos. El niño asesinó a la nena con treinta puñaladas; cuando la policía lo detuvo el pequeño no sólo admitió haber cometido el crimen sino que dijo dónde había ocultado el arma y la ropa ensangrentada. Como es de imaginarse la familia de la víctima entró en shock, sabían que el novio era un niño problemático.

La respuesta de la sociedad mexicana frente a este caso nos revela las taras sociales que impiden la plena protección de niñas, niños y jóvenes frente a la violencia que se recrudece en el  país y particularmente en aquellos sitios en que la delincuencia organizada ha tomado la plaza, infiltrado la política y a las entidades de justicia  mientras el discurso mediático ha sido incapaz de hacer las preguntas y el análisis correcto frente al fenómeno de la imitación de la violencia que hacen los niños y jóvenes.

La ley impide que el niño que cometió el homicidio sea recluido en un centro de readaptación social por tener trece años, la madre del chico pidió ayuda desesperada y solicitó que se le interne en el hospital psiquiátrico para adultos y a cambio recibió amenazas de muerte de la comunidad con ataques virulentos en redes sociales. La señora explicó a las autoridades que desde hace años ha pedido ayuda para el pequeño, por su falta de recursos económicos para pagar asistencia de salud mental infantil la señora había recurrido al DIF porque, a pesar de su poca cultura, tenía claro que su hijo sufría de un desorden de la personalidad. Las vecinas dan la razón a la madre, aseguran que parecía tener doble personalidad, era un niño educado y amable que unas horas después reaccionaba agresivamente, fumaba mariguana y olía cemento para quitarse la ansiedad. En la escuela era humillado por el profesorado, un niño sin capacidad de atención, con poca memoria de largo plazo, que en lugar de recibir la asistencia necesaria para lo que a todas luces es un problema de salud mental, fue bautizado con el mote “El Demonio”.

Ningún medio que cubrió el caso se tomó la molestia, hasta ahora, de hacer un análisis sobre la carencia de asistencia especializada en prevención de violencia por problemas de salud mental en niñas, niños y adolescentes. Nuestra cultura policíaca se remite al escarnio y la venganza, no a la justicia y el bienestar. Los periodistas de nota roja no son los únicos que, rebosantes de prejuicios e ignorantes de las leyes de los derechos de la infancia, persisten en incitar al linchamiento de las madres de niños y niñas que han cometido actos ilegales. Las redes sociales y medios están plagados de cuestionamientos y juicios de valor hacia la madre del niño, la acusan de no haberlo educado, inventan que seguro lo consentía y no le inculcó valores; es falso.

La Red por los Derechos de la Infancia http://www.derechosinfancia.org.mx/ a la que pertenecen casi todas las organizaciones de protección a niñas, niños y jóvenes impulsó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, justamente para que desde el año pasado se implementen en todo el país sistemas de prevención de la violencia que integran la salud mental de menores de 18 años. Este año Ricardo Bucio es el responsable de su implementación y este caso puede ser el primero para demostrar que en lugar de linchar al pequeño o exigir que se le encarcele, se le dé el tratamiento psiquiátrico indispensable que si el estado hubiera proveído a tiempo seguramente habría evitado el crimen y el sufrimiento de la familia de la víctima y de un niño que desde pequeño sufría de una personalidad borderline u otro padecimiento ante el cual ni él ni sus padres tenían herramientas adecuadas. No podemos seguirnos quejando de que los reclusorios no implementan la readaptación social si somos los primeros en exigir que se conviertan en centros para torturar y vengarse de quienes cometen actos crueles. La cultura de la legalidad exige nuevas formas de aproximarse al origen de la violencia.

@lydiacachosi