Lo primero que debemos preguntarnos es si realmente nos importa que haya niñas y niños pequeños violentados derivado del abandono parental e institucional.

Lo segundo es cuestionarnos si sólo es suficiente conmovernos cuando conocemos hechos como los perpetrados por un sacerdote católico en la casa hogar Ciudad de los Niños de Salamanca. Imaginen el dolor provocado a una niña de 7 años por una monja del albergue al ser quemada sus manitas en una estufa. No especulo, la carpeta de investigación es la 13682/2016.
Estos hechos evidencian sus efectos y la perniciosa permisividad de autoridades encargadas de autorizar y vigilar estos centros.

Recordemos diciembre de 2008 Las Casitas del Sur en Tlalpan, albergues regenteados por la Iglesia Cristiana Restaurada utilizados por la procuraduría del DF para depositar niñas y niños víctimas de disputas de guarda y custodia de padres y madres: la gota que derrama el vaso es la desaparición de una niña, pero en realidad no se sabían dónde estaban 26.

Un año antes en Chalco, Las Hermanas de María y el albergue La Villa de las Niñas; se hizo público las condiciones inhumanas y degradantes de las adolescentes.
Nos falta el gran ejemplo de cómo autoridades municipales y estatales de todos los partidos políticos, e incluso intelectuales engañados, aplaudieron y casi convierten en santa a Rosa Verduzco dueña del albergue La Gran Familia de Zamora. Solo la PGR en julio de 2014 pudo entrar a su fortaleza y comprobar la degradante cotidianidad de más de 500 niñas, niños, adolescentes y jóvenes privados de su libertad.

Pero no previenen los gobiernos. La Ciudad de los Niños de Salamanca, se manejaba a través de una AC. y tenía al frente a un sacerdote hoy acusado de pederastia. 

La diferencia con la Gran Familia o Casitas del Sur, es que hoy México tiene una ley general de derechos de niñas, niños y adolescente que obliga al DIF Nacional a levantar un censo de todos los centros de atención; establece obligaciones a todas las autoridades para verificar permanentemente su funcionamiento tomando en consideración el Interés Superior de la Niñez; la ley señala que niñas y niños pueden estar institucionalizados como último recurso y en el menor tiempo posible.

Afortunadamente el Poder Judicial está presente, ya existe un Protocolo de la SCJN para juzgar tomando en cuenta el Interés Superior de la Niñez y desde esta perspectiva la jueza que tomó el caso de Salamanca procedió de manera ejemplar. Exigimos que la PGR tome estos casos hasta sus últimas consecuencias. Bien por la CNDH que ha decidido defender los derechos humanos de estos menores. Exigimos también que DIF y Sistema de Protección encargados de aplicar la ley de derechos de la niñez proceda. Ni más, ni menos.