CDMX.- Más de 100 organizaciones sociales rechazaron que los ocho reclusorios federales donde tiene participación la iniciativa privada sean “hoteles de lujo”, como lo dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, pues algunos de estos espacios tienen deficiencias en sus servicios de salud, además de no tener suficientes actividades laborales, educativas y de capacitación para la población penitenciaria.

El miércoles, el Ejecutivo criticó que en el sexenio de Felipe Calderón el gobierno firmó contratos con empresas para que otorgaran servicios en ocho prisiones a cambio de 266 mil 300 millones de pesos, de los que falta pagar 190 mil millones. También calculó que en promedio se gasta más de 3 mil pesos al día por persona privada.

Sin embargo, aunque las asociaciones reconocieron la intención del gobierno federal de dar a conocer información sobre los contratos, también advirtieron que no se puede considerar que los internos viven en condiciones de lujo porque se siguen vulnerando sus derechos.

Los ocho reclusorios federales referidos por el presidente se ubican en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Michoacán y Coahuila. Las empresas que ofrecen distintos servicios a las prisiones son Exi Quantium, GIA, DIP, Capital Inbursa y Black Rock.

Quienes firmaron este pronunciamiento se encuentran Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), Documenta, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Reintegra y la Red TDT.