PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La identidad de periodistas incorporados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es información confidencial, por lo que debe protegerse para garantizar su seguridad y la de personas relacionadas con ellos, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Esto toda vez que la información solicitada se relaciona con un listado de 119 periodistas plenamente identificados por el solicitante, desde el punto de vista de la ponencia.

“Lo procedente es clasificar como confidencial la información requerida a efecto de no dañar su esfera privada o cualquier persona vinculada a ellos”, subrayó la comisionada Josefina Román Vergara.

MÉXICO, DE LOS MÁS PELIGROSOS

La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, en su edición 2019, colocó a México en el lugar 144 de un total de 180 países y lo consideró el país más peligroso de América Latina para ejercer la profesión de periodismo. Asimismo, datos de la organización Artículo 19, reportan que del 2000 al 5 de febrero de 2020, han sido asesinados 131 periodistas en territorio mexicano.

“Estos datos contextualizan la situación de nuestro país y hacen evidente el resguardo necesario como confidencial de la información que es requerida en este asunto, en virtud de que hacerla del dominio público, implicaría vulnerar la vida, la integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de peligro”, enfatizó la comisionada Josefina Román.

LA PETICIÓN Y SU IMPACTO

Destacó que el último informe publicado por la Secretaría de Gobernación (Segob) respecto del mecanismo de protección, indica que hasta marzo de 2019 había un total de mil 209 personas beneficiarias, de ellas 492 periodistas y 717 defensores o defensoras de derechos humanos.

Una persona solicitó a Gobernación precisar de un listado de 119 periodistas incorporados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y desde cuándo.

En respuesta, la dependencia reservó la información por un periodo de 5 años, al considerar que difundirla pondría en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las personas.