Los trabajadores de la Sección 38 del SNTE padecen la intimidación y la represión que coartan su participación en la defensa de sus derechos. En efecto, en las escuelas les advierten que, si alguien apoya a la Coalición de Trabajadores de la Educación, que se atenga a las consecuencias, lo cual no extraña, es el estilo del moreirato, castigar, reprimir, fomentar la democracia del gatopardismo; tundirle a los de abajo y sostener a los “incondicionales”, al sistema.

Lo mismo ocurre con los trabajadores de la UAdeC. La mayoría de los académicos, administrativos y manuales se atienen a que los efectos de su jubilación están muy lejos y que no les tocarán los malos efectos que el moreirato intenta promover, por eso prefieren mantenerse al margen y permanecer en su débil status de confort, porque no pueden visualizar que más pronto que tarde serán jubilados y entonces padecerán los efectos de lo que ahora se presagia como una jubilación precaria y un servicio médico pobre, insuficiente y frágil que podrá llevarlos a la muerte sin que sus descendientes puedan acceder a los derechos que por ley les correspondan.

Los integrantes de la Coalición de Trabajadores de la Educación realizaron ayer  una manifestación en la Clínica del Magisterio, a fin de denunciar una vez más que el sistema de seguridad social de la Sección 38, en el que están incluidos la UAAAN  y la UAdeC, es el más caro e injusto del País.

Este es el único sistema de seguridad social que establece servicios de primera, segunda y tercera categoría, cuando la propia ley establece un trato igual y equitativo para todos los derechohabientes. Es el único en el que su administración y dirección se concentra en una sola de las parte que lo constituyen: la Sección 38 del SNTE, la cual ha carecido de una rendición de cuentas puntual en el manejo de los recursos. 

Por todo esto, la Coalición de Trabajadores de la Educación reitera y exige al Gobierno del Estado y al Congreso local que se les otorgue servicio médico de calidad y pensión digna con base en los principios constitucionales de la seguridad social, así como respeto irrestricto a éstos, mediante la suspensión inmediata al cobro ilegal del 10 por ciento a los medicamentos y otros servicios. Igualmente exigen que se suspenda el indebido e ilegal descuento de la cuota del servicio médico a los jubilados, pensionados y sus beneficiarios. 

Ayer, los trabajadores de la educación pudieron verificar y constatar que los anaqueles de medicamentos de la farmacia de la Clínica del Magisterio están vacíos. Según versiones de los propios trabajadores de la farmacia, les pagan la mitad de lo que ganan pero los hacen firmar por las cantidades que debieran percibir mas están amenazados y por ello no pueden hacer público este despojo. Igualmente, los laboratorios que surten los medicamentos se niegan a abastecerlos e incitan a otros a que no suministren las medicinas, de ahí la carencia. 

Es insensato e irracional que el Gobierno del Estado eluda la responsabilidad que le corresponde como patrón y parte del Estado mexicano, además de principal sujeto obligado de la seguridad social del derecho a la salud de los trabajadores de la educación aportantes, según lo dispone la Constitución y las leyes de seguridad que de ella emanan. 

Rubén Moreira se presenta ante la ONU y el mundo como el paladín de los derechos humanos, pero ya es tiempo de que: 1. Su gobierno finque las responsabilidades que correspondan por ley a quienes, por omisión o haciendo uso indebido de los recursos para fines distintos a los establecidos en las leyes, han quebrantado el sistema del servicio médico y de pensiones, y 2. Se realicen auditorías externas como tercería de partes a la Dipetre y al Servicio Médico.