Un tema muy delicado en México es el de la seguridad en cualquiera de sus configuraciones ya conocidas: seguridad local y seguridad nacional.

Ahora entra al debate legislativo –que no al debate ciudadano–, el tema de la Seguridad Interior con la ley que el Ejecutivo federal empuja desde la Cámara de Diputados Federales y que la próxima semana será debatida en la Cámara de Senadores para probablemente ser aprobada.

La Ley de Seguridad Interior no está siendo bien recibida en la sociedad civil porque hay mucha desinformación sobre su contenido, aunque hay quienes ponderan esta Ley como necesaria para garantizar el abatimiento de la inseguridad de manera homologada en las ciudades mexicanas.

Sin embargo, existe miedo de que el Ejército se enseñoree del País y, aunque no es la regla, los ciudadanos temen también que la milicia sea susceptible a la corrupción.

Fuera de México hay comentarios adversos a esta Ley como los que hizo el alto comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra‘ad Hussein, pues él considera que las normas militares puedan aplicarse de manera arbitraria.

Por su parte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington D.C. recomienda retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de la seguridad pública.

El asunto es que desde que el expresidente Felipe Calderón inició el enfrentamiento de militares contra la delincuencia organizada han ocurrido miles de asesinatos, algunos de ellos que han afectado vidas de inocentes. En este trance de muerte, los militares se han convertido en el garante de la seguridad temporal de algunas ciudades cuyos habitantes han sentido alivio al saber que el Ejército los está resguardando. Esto no es percepción.

Puntualizaré. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la Constitución, no deben intervenir en tiempos de paz, pero la Suprema Corte de Justicia dictaminó que pueden participar en tareas de seguridad interior. Esta participación resulta inconstitucional aunque es aceptada por muchos. Hasta gobernadores de estados han nombrado como titulares de seguridad a militares con grado de general.

Es un hecho que de aprobarse el marco legal que contiene la Ley de Seguridad Interior habrá una regulación de las operaciones de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana. ¿Pero esta Ley contribuirá a la no violencia? ¿Apoyará a la cultura de paz? ¿Cuál será el papel de las autoridades civiles ante esta Ley? ¿Es correcto que la milicia asuma las funciones de la Policía? ¿Veremos cotidianamente a integrantes del Ejército en las calles?

De acuerdo a su contenido, esta Ley permitiría que las intervenciones militares duren hasta un año, pero no su empleo para reprimir manifestaciones sociales pacíficas. 

Pero ¿quién va a decidir la duración de las intervenciones militares y quién va a determinar el nivel de paz de una manifestación social?

Luego, la aseveración de que las Fuerzas Armadas podrán usar métodos lícitos para obtener información me llena de más preguntas.

Considero que esta Ley no resolverá el fracaso del Gobierno ante la inseguridad. Mientras tanto los ciudadanos seguimos vulnerables y los secuestros están a la orden del día, así como los desaparecidos. Estoy en pro de una buena, digna y respetable policía ciudadana.

Las Fuerzas Armadas deben ser acotadas sin menoscabo de su función natural. En condiciones de paz no deben intervenir para generar intranquilidad. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¡Que las autoridades civiles asuman sus funciones!