Ciudad de México.- El sistema de procuración de justicia a nivel nacional y estatal es "inoperante", no funciona en la actualidad, y menos ahora que está en marcha el nuevo sistema penal, revela la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia.

Señala que el sistema tiene serios problemas estructurales que derivan en incapacidad para realizar investigación criminal, en impunidad y en constantes violaciones de derechos humanos.

Las conclusiones del análisis se presentaron hoy en Palacio Nacional ante el encargado de despacho de la PGR, Arturo Elías Beltrán, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, así como el presidente de la CNDH, Luis Raúl González, el titular del INE, Lorenzo Córdova y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón.

El informe fue elaborado por los Institutos de Ciencias Penales (Inacipe), Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Destaca tres problemas centrales:

La falta de una visión sistémica de la seguridad pública y justicia pena que conlleva una fragmentación sobre las responsabilidades que corresponden a cada institución;

Procuradurías del país con graves problemas estructurales y deficientes, además de serias deficiencias en el uso de información sobre incidencia delictiva, zonas de riesgo y antecedentes penales que eviten la recurrencia de la "puerta giratoria".

Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo:

"Todos los diagnóstico elaborados por la propia PGR o instituciones académicas y sociales coincide: nuestro diseño institucional para procurar justicia no funciona, no ha funcionado desde hace mucho tiempo y menos ahora que está en proceso de implementación la ambiciosa y prometedora reforma de justicia penal".

Mónica González, abogada general de la UNAM, manifestó que la percepción sobre el desempeño de las autoridades que arroja consulta nacional es clara en el sentido de que existe deterioro en la seguridad del país, altas tasas de impunidad y largos procesos.

El director del Inacipe, Gerardo Laveaga, manifestó que la democracia debe ser sujeta a un examen permanente, lo que incluye la forma en que las instituciones brindan seguridad a los ciudadanos.

Comentó que es urgente contar con un Código Nacional Penal, pues en un país democrático no es posible que la vida de una mujer se valore más en un estado que en otro, o que delitos como el robo se castigue con mayor o menor rigor de una entidad a otra.

El ombudsman Luis Raúl González llamó a atender la problemática de seguridad y procuración de justicia de manera integral.

A nombre de instituciones y organizaciones civiles, la académica María Amparo Casar, lamentó que en medio de la crisis de seguridad que vive México, no haya un procurador General de la República, ni fiscales de delictivos electorales y anticorrupción.

En el acto, lanzó una fuerte crítica por la ausencia de representantes de las cámaras de diputados y senadores. "Esas dos sillas vacías son reflejo" de lo que pasa en la nación, sostuvo.