El Ministerio Público es, de acuerdo con múltiples voces, la institución peor preparada para la instrumentación de un sistema de justicia basado en el respeto a los derechos humanos de las personas. Y la evidencia a la vista parece confirmar plenamente la sospecha.

O al menos eso es cierto a nivel local, en Coahuila, en el caso de la persecución del delito de narcomenudeo, rubro en el cual la Fiscalía General a cargo de Gerardo Márquez Guevara ha fracasado estrepitosamente en el propósito de perseguir y castigar dicha conducta.

Como se recordará, VANGUARDIA ha dado cuenta en forma recurrente del crecimiento en el número de carpetas de investigación abiertas en la entidad por narcomenudeo, indicador que durante los últimos años se ha comportado consistentemente al alza.

En ocasión de la publicación de las cifras, se ha cuestionado cuál es su significado en términos del consumo de drogas en la entidad y qué acciones han desplegado las autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender la situación.

El reporte que publicamos en esta edición, relativo a la eficacia en el trabajo del Instituto de la Defensoría Pública, en la tarea de liberar a los presuntos narcomenudistas, responde parcialmente a las interrogantes realizadas, pero lo hace en forma contundente: la Fiscalía General de Coahuila es una fracaso vergonzoso en este rubro.

Y es que las cifras no requieren mayor explicación: de cada 100 individuos a quienes la Defensoría Pública auxilió en su defensa como presuntos responsables de narcomenudeo, durante 2018, la dependencia logró que los jueces de control decretaran la libertad de 95, es decir, los esfuerzos de judicialización apenas fructificaron en el cinco por ciento de los casos.

De acuerdo con Carolina González Briones, titular de la dependencia, el secreto detrás del éxito de los defensores públicos es el desaseo en el trabajo de los elementos policiales, quienes al no cumplir con los procedimientos del nuevo sistema de justicia penal, es decir, al violar los derechos del detenido, impiden que sea procesado.

Se podrá argumentar que mucho del trabajo policial realizado en torno al delito de narcomenudeo no es responsabilidad de la Fiscalía y, por ende, no puede adjudicársele toda la responsabilidad en este fracaso que ronda las fronteras del ridículo.

Sin embargo, dado que la persecución de los delitos es responsabilidad exclusiva de la Fiscalía, y el narcomenudeo es un delito, por acción o por omisión esta dependencia es responsable de no actuar frente al desaseo con el cual se están realizando los procedimientos respectivos.

La historia también puede –y debe– ser vista como una muestra del cumplimiento de las responsabilidades gubernamentales, si sólo se ve desde la perspectiva de la Defensoría Pública y de la actuación de los jueces que se han comprometido con el respeto a las reglas del proceso.

El problema es que el narcomenudeo es un delito que agravia particularmente a la sociedad y se esperaría que el éxito se diera más en el terreno de su combate eficaz.

En 2018, de cada 100 individuos a quienes la Defensoría Pública auxilió en su defensa como presuntos responsables de narcomenudeo, los jueces de control decretaron la libertad de 95, debido al desaseo de procedimientos