De acuerdo con información que habría obtenido el periodista Carlos Loret de Mola, en torno al secuestro de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera –ocurrido hace unos días–, las autoridades federales mexicanas han reunido evidencia que les permite construir una hipótesis según la cual los responsables de los hechos serían hijos de los cabecillas de bandas rivales.

Tal hipótesis apuntaría en la dirección de que en México estaría surgiendo una nueva generación de criminales: los “herederos” de quienes encabezaron en su momento la lista de los más buscados por parte de las autoridades mexicanas durante la fase más intensa de la “guerra” contra el narcotráfico.

De ser cierta la teoría, constituiría un hecho relevante porque uno de los elementos con los cuales el Gobierno de la República ha buscado restaurar la confianza del público es la difusión de la lista de los principales cabecillas del crimen organizado que han sido “neutralizados” en los últimos años.

Un elemento frecuente en la información difundida por las autoridades federales es justamente el número de detenciones o abatimientos que ha logrado, en comparación con la “lista original”, cifra que permite ver el “grado de avance” que se llevaría en el proceso de eliminar a quienes encabezan las células criminales más importantes que operan en el País.

Se ha dicho en distintos tonos –y la especulación en torno al secuestro de los hijos de “El Chapo” Guzmán no haría sino confirmar la certeza del señalamiento– que en la lucha contra la delincuencia no puede pretenderse cantar victoria a partir de datos como el anterior.

Y es que pretender que la ciudadanía considere que hemos obtenido la victoria en la batalla contra la criminalidad, solamente porque un elevado porcentaje de los líderes delincuenciales han sido “neutralizados” equivale a creer que el problema es la existencia de un grupo identificado de individuos proclives al delito y que eliminarlos es suficiente para acabar con el problema.

Se trata claramente de un fenómeno mucho más complejo cuya solución no es encarcelar o abatir criminales, sino eliminar las condiciones estructurales que prohijan el surgimiento de “nuevos” delincuentes.

El hecho de que el secuestro de los hijos de Guzmán Loera fuera responsabilidad de los “herederos” de otros capos, lo que estaría demostrando es que entre una generación y otra no ha ocurrido nada que disuada a los relevos generacionales a escoger una vocación lícita.

Si eso ha ocurrido en la cúspide de la pirámide, es dable suponer que ha pasado lo mismo en la base y que en el resto de los estratos de la estructura criminal, una vez que un individuo es abatido o encarcelado es inmediatamente reemplazado con otro.

¿Por qué a pesar de haber atestiguado la muerte o el encarcelamiento de su predecesor, el “nuevo” criminal no es disuadido de cambiar su vocación? Ésa es la pregunta que debe responderse para adecuar nuestras estrategias y colocarnos efectivamente en la ruta de combatir con mayor efectividad a la delincuencia.