El costo de suspender la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco es extremadamente alto, afirmó el presiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. 

En conferencia de prensa para presentar las conclusiones de los estudios realizados por el sector privado, sobre la viabilidad de la obra, Castañón dijo que continuar con la construcción del aeropuerto también ayudará a mantener la reputación del país frente a las inversiones nacionales y extranjeras. 

"El costo de suspensión en términos financieros y de tiempo es extremadamente alto en cualquier fase", dijo.

Castañón afirmó que "la cancelación representaría la pérdida de más de 120 mil millones de pesos, de los cuales una tercera parte correspondería a penalizaciones por incumplimiento de contratos".

Por su parte el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, indicó que analizarán cada uno de los documentos que presentó el sector privado y los presentarán a López Obrador para su revisión.

"Las opciones que se planteen tendrán una absoluta seguridad aérea. Se revisarán los costos, para llegar a la consulta ciudadana y que tengan las opciones que existen y se pronuncien adecuadamente en este tema", dijo. 

Sobre la consulta del NAIM afirmó que no se preguntará a la sociedad sobre temas técnicos, sólo de aquellos que tienen que ver con la comunidad.

De acuerdo con el presidente del organismo empresarial, los análisis de la obra se basaron en 13 variables: 

    La seguridad como principal prioridad.

    La capacidad de transporte de pasajeros con visión de largo plazo.

    La importancia de contar con un hub para México.

    La incidencia en el desarrollo regional.

    Los costos de equipamiento, operación y economías de escala para las aerolíneas y pasajeros.

    Los ingresos derivados del patrimonio inmobiliario.

    El financiamiento y fuentes de ingresos alternativas.

    Los aeropuertos como negocios altamente rentables.

    La reubicación de operaciones de la fuerza aérea y 3 mil familias del actual aeropuerto de Santa Lucía.

    La consolidación de la infraestructura terrestre.

    Los costos de cimentación y de hundimientos.

    El impacto ambiental y medidas de mitigación.

    Las obras hidráulicas, lagos aledaños y conflicto aviar.

La iniciativa privada propuso tomar seis medidas clave: 

Mantener la obra en donde se está realizando a fin de garantizar la capacidad de absorber la demanda actual y futura para los próximos 50 años, en demanda de pasajeros y de carga.

Continuar la obra del aeropuerto actual, revisando los costos de los materiales siempre y cuando no quede comprometida la funcionalidad del aeropuerto. 

"No necesitamos un aeropuerto suntuoso pero sí necesitamos uno funcional para asegurar el desarrollo de la aviación y del transporte para los próximos 50 años", dijo.

Revisar el esquema de financiamiento mediante la bursatilización de deuda y la concesión total o parcial del aeropuerto.

Aumentar el alcance social del proyecto a través de una zona especial de alto impacto social donde tengamos que impulsar el desarrollo y la generación de empleos bien remunerados en municipios aledaños.

No suspender la obra, dado que el costo de suspensión en términos financieros y de tiempo es extremadamente alto en cualqiuer fase. "Adicionalmente se retrasaría la solución a la saturación del actual aeropuerto que limita la generación de beneficios para la población mexicana", explicó.

Considerar las implicaciones legales y financieras de la cancelación del aeropuerto en construcción. Castañón dijo que se tienen que considerar las consecuencias con acreedores y contratistas pero sobre todo el riesgo reputacional en perjuicio de México y de futuros proyectos de alta envergadura como éste.