No son pocas las voces que advierten que, en materia de corrupción, lo que todos deberíamos hacer es ver series como “Billions”, producida por la cadena Showtime, en la cual se plantean los nuevos esquemas de defraudación a los cuales se enfrentan las sociedades modernas y que constituyen “fraudes de alta escuela”.

Lo que series como la señalada exhiben es, sobre todo, el uso de información privilegiada que implica ganancias multimillonarias para quienes son capaces de saber, antes que nadie –y por medios ilegales–, las decisiones relevantes que afectarán a los mercados bursátiles.

Toda proporción guardada, sobre el anuncio que acaba realizar el nuevo Gobierno de la República, en el sentido de que recomprará bonos del cancelado proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México por mil 800 millones de dólares, bien podría servir de guión para un episodio de la citada serie.

Para quienes somos ciudadanos de a pie, el asunto puede sonar nimio. Pero para quienes se dedican a la especulación financiera la historia es totalmente distinta e implica ganancias –o pérdidas– millonarias.

La ecuación es simple: con la cancelación del proyecto, luego de la “consulta ciudadana” que se realizó para determinar si se mantenía el proyecto original o se optaba por la construcción de dos nuevas pistas en Santa Lucía, los bonos originalmente emitidos se depreciaron. Tras el anuncio de la recompra, la bonos se apreciaron nuevamente.

El problema es que, si el asunto se dejara solamente en manos de las leyes de la oferta y la demanda del mercado, quienes perderían –o ganarían– dinero serían los inversionistas privados que “apostaron” por un proyecto que les permitiría obtener ganancias a partir de un proyecto público.

Pero con el anuncio de la recompra de bonos, que implica introducir dinero público en la ecuación, habrá ganancia de pescadores en río revuelto –a costa de los contribuyentes– para quienes, a partir de contar con información privilegiada, hubieran adquirido “bonos depreciados” antes de que el nuevo Gobierno de la República anunciara la inyección de mil 800 millones de dólares en este proceso.

En cualquier país donde los mercados bursátiles se encuentren medianamente regulados, la compra-venta de estos bonos tendría que dar lugar a una investigación a fin de determinar si hubo quienes, a partir de información privilegiada, se hicieron con bonos baratos del NAIM que ahora venderán a precios mayores, gracias a la “indulgencia” del Gobierno Federal.

Lo menos que nos deben las autoridades federales en este sentido es un informe puntual respecto del posible fraude que pudo haberse cometido, en perjuicio de la hacienda pública, a partir de la decisión que se ha tomado de “compensar” con dinero público las pérdidas generadas a los capitales privados a partir de la decisión caprichosa de cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Esperamos que en este caso se cumpla con la promesa de combatir la corrupción y no se permita que nadie llene sus bolsillos con dinero público a partir del tráfico de información privilegiada.