El destino, términos y condiciones en que se firmó durante el sexenio de Felipe Calderón un contrato de más de 280 millones de dólares entre Nacional Financiera (NAFIN) y la filial de Odebrecht en México, Braskem, son secretos: fueron clasificados por el banco de desarrollo como información “confidencial”.

A más de 10 años de que el entonces gobierno calderonista aceptó financiar parte de la operación de Odebrecht en el país, NAFIN corroboró oficialmente que entregó un préstamo multimillonario al consorcio Braskem-Idesa, pero decidió conservar bajo reserva del secreto bancario los detalles del crédito que se usó para la construcción de la planta de Etileno XXI, la cual ha generado un quebranto al erario de más de 15 mil millones de pesos, según estima el gobierno federal.

Vía la Ley de Transparencia, MILENIO solicitó el pasado 2 de agosto acceso a información del crédito, firmado durante la administración de Héctor Rangel Domene al frente de NAFIN y el cual, se pudo confirmar en un comunicado de Odebrecht fechado en diciembre de 2012, ascendió a 280 millones de dólares.

Esa cifra concuerda con la que declaró en su denuncia ante la Fiscalía General de la República el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. “Esta inversión fue posible gracias al contrato de suministro de etano a precios preferenciales. Asimismo, Nacional Financiera le prestó a dicho grupo 280 millones de dólares”, aseguró, en lo que consideró como un “pacto transexenal” diseñado para asegurar la entrada en funcionamiento de Etileno XXI.

Vía la petición 0678000016120, este diario requirió detalles del monto entregado a Braskem-Idesa el plazo acordado, el número de pagos y los intereses devengados por la transacción, así como cualquier retraso por parte del consorcio.

En respuesta a la solicitud, el banco ahora dirigido por Carlos Noriega reconoció que, en efecto, en administraciones anteriores se entregó un monto no especificado a la empresa brasileña y a su socia mexicana, Idesa, asegurando que el crédito ya no está vigente sin precisar si se liquidó el monto o se perdonó la deuda millonaria.

“Esta área de negocio y administrativa informa que se tiene registro de un contrato de Crédito celebrado entre la Institución y Braskem Idesa, mismo que no se encuentra vigente”, respondió NAFIN en el oficio CT-082/2020, fechado el 24 de agosto.

Sin embargo, los pormenores de la información fueron clasificados por el banco como “confidenciales”, la máxima clasificación posible dentro de la Ley de Transparencia.

Arguyendo diversos preceptos que protegen la confidencialidad de la información, sobre todo los artículos 46 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito que se refiere “a la protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios”, dicha información requerida no puede entregarse a terceros, aseguró Nafin.

Por considerarse información protegida a través de lo que se conoce como “secreto bancario” los únicos que la pueden solicitar son las partes directamente interesadas.

En la respuesta de NAFIN al solicitante se argumenta que “Braskem Idesa, en términos de sus estatutos y legislación mercantil aplicable, realiza actos de comercio en el ámbito privado y por tanto no ejerce recursos públicos, por lo que su información no es pública”.

Incluso, abundó, “al haber sido un crédito otorgado a un cliente de una institución de crédito, la información relativa a los Contratos de Crédito debe ser protegida por NAFIN”. Pero el “secreto bancario”, impide darla a conocer a terceros.

En el caso específico del crédito a favor de Braskem Idesa, se argumentó que para apoyar a Braskem-Idesa “NAFIN no utilizó recursos públicos, toda vez que los recursos utilizados para la línea de crédito que se otorgó a la citada empresa, se fondeó a partir de recursos que NAFIN capta en operaciones de mercado”.

El presidente Andrés Manuel López Obardor se ha referido a lo largo del año al tema del crédito y al contrato entre Pemex y Braskem-Idesa para la planta de Etileno XXI. En febrero advertía que “para abastecer de gas a esta planta de Odebrecht, pero no sólo eso, para instalar esta planta se les dio crédito de Nacional Financiera y de Bancomext, todo, y hubo influyentismo y corrupción”.

Apenas ayer, advirtió que “se está revisando, para ver si se puede cancelar el contrato, si legalmente es posible hacerlo porque tenemos que actuar con legalidad, que haya Estado de Derecho. Si hay investigación sobre este tema, pero insisto, lo más importante es que nunca más vuelvan a suceder estas cosas”, dijo.

El pasado 17 de agosto lo dijo así: “ese contrato se tiene que cancelar, es mi opinión, por ser un contrato leonino, se tiene que revisar”.

Este contrato entre dicha empresa y Pemex fue suscrito durante la presidencia de Felipe Calderón, entre 2008 y 2009.

El proyecto de Etileno XXI se ubica en el estado de Veracruz y su materia de trabajo es la producción de polietileno con una inversión original de 5 mil 200 millones de dólares; Pemex accedió a entregarle 66 mil barriles diarios de gas etano, de acuerdo con el contrato firmado el 19 de febrero de 2010, además acordó un costo de venta de 3.1 pesos por metro cúbico, cuando la producción y el transporte para Etileno XXI ascendió a 4.7 pesos en 2017.

El presidente, afirmó en días pasados que la nación mexicana se había ahorrado alrededor de 2 mil 100 millones de pesos por concepto de penalizaciones que dejó de pagar la administración federal que preside. “No podemos seguir con esto”, señaló.