Resulta difícil de creer que ningún profesionista del Derecho esté interesado en ocupar la posición de Fiscal General del Estado, uno de los puestos importantes en el entramado institucional creado –a nivel nacional y estatal– para establecer un sistema anticorrupción.

Pero aun cuando, sin duda alguna, en Coahuila existe un buen número de hombres y mujeres que cuentan con los requisitos y la trayectoria profesionales para ocupar dicha cartera, han transcurrido prácticamente 10 días sin que se haya registrado una sola candidatura en respuesta a la convocatoria emitida por el Congreso del Estado.

Sin que el precedente implique una regla, pareciera que la designación del Fiscal General de nuestra entidad se encamina a repetir la historia de la designación del Fiscal Anticorrupción, convocatoria a la que solamente respondieron cuatro personas.

Resultaría lamentable que la historia se repitiera en este caso, pues eso querría decir que, a pesar de existir suficientes personas con el perfil para el cargo, no sintieron el compromiso cívico de acudir a la convocatoria y pedirle al Poder Legislativo que tomara en cuenta sus trayectorias.

Aún queda tiempo para que se registren candidaturas, pero la nula participación observada hasta ahora pudiera interpretarse como una manifestación de desconfianza hacia el trabajo que realiza la Legislatura Estatal y que, en los términos de su convocatoria, implica la realización de un procedimiento imparcial y pulcro.

No es, desde luego, la de la desconfianza la única hipótesis que aplica a la realidad que retrata esta inexistente participación. También cabe preguntarse si quienes cumplen los requisitos no son capaces de arriesgarse siquiera a presentar un expediente y someter su trayectoria personal al escrutinio público.

Entre ambas hipótesis, sin embargo, es preciso decir que es al Poder Legislativo al que le corresponde hacer el gasto para convencer, para inspirar confianza y garantizar que los abogados coahuilenses que pueden ocupar la posición consideren necesaria su participación, a fin de enriquecer un procedimiento del cual debe surgir una institución capaz de realizar el trabajo que la ciudadanía espera.

En este sentido, es de esperarse que quienes integran la Legislatura redoblen los esfuerzos no solamente para promover la convocatoria, sino para despejar cualquier duda respecto de la pulcritud y transparencia con la cual debe realizarse la designación.

Coahuila necesita un Fiscal General que implique una bocanada de aire fresco; que su sola designación represente un signo de confianza y que su trayectoria y experiencia generen la expectativa de que la investigación y persecución de los delitos sufrirá una transformación en la dirección correcta.

Esperemos que en el tiempo que resta a la convocatoria para elegir a este funcionario atestigüemos la realización de los esfuerzos necesarios para que dicho proceso se alce, al final, como un elemento para ver con optimismo el futuro.