Brasilia.- Brasil aguarda para mismo o mañana la decisión de la Fiscalía sobre una eventual denuncia por supuesta corrupción contra el presidente Michel Temer, quien intenta mantener unida a su base política frente a su delicada situación jurídica.

El plazo para que la Fiscalía presente una denuncia formal contra el mandatario concluye este martes y fue definido el pasado viernes por el juez Edson Fachín, quien actúa como instructor del caso en la Corte Suprema, que investiga a Temer por los presuntos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita.

Temer ha evitado comentar esa situación y hoy volvió a eludir el asunto en un acto público, aunque tras ufanarse de una ligera mejora registrada por la economía del país afirmó: "Nada nos destruirá. Ni a mí ni a nuestros ministros", ocho de los cuales son investigados también por presunta corrupción.

En medios políticos y jurídicos la denuncia se da como un hecho, sobre todo porque ya el fiscal general, Rodrigo Janot, adelantó la semana pasada su convicción de que Temer "recibió ventajas ilícitas" del grupo JBS, que supuestamente negociaba su antiguo asesor Rodrigo Rocha Loures, en prisión preventiva por ese mismo asunto.

El mismo convencimiento ha mostrado la Policía Federal, a cargo de las investigaciones y que en un informe preliminar entregado la semana pasada al Supremo sostuvo que existen "serios indicios" de que el mandatario incurrió "con vigor" en prácticas corruptas.

Las sospechas contra Temer se desprenden de confesiones hechas por directivos del grupo cárnico JBS, quienes han declarado que sobornan al mandatario desde 2010 y además han entregado a la justicia unas grabaciones que pueden comprometer al gobernante.

En esos audios, Temer escucha en silencio y hasta consiente unas maniobras irregulares que el dueño de JBS, Joesley Batista, dice que realiza en favor de su grupo tanto con autoridades del Gobierno como con representantes del poder judicial.

Temer, quien ha perdido respaldo en su propia base a consecuencia de este escándalo, dedicó parte del pasado fin de semana a contactos con parlamentarios a fin de intentar mantener unida a la coalición que apoya a su Gobierno, que se resquebrajado durante el último mes.

Esa unidad es fundamental para el mandatario, pues si la Fiscalía finalmente presenta la denuncia, la decisión de aceptarla o no será tomada por la Cámara de Diputados, en la que la oposición en pleno y varios partidos minoritarios ya han exigido la renuncia de Temer.

El trámite para una situación de esta naturaleza está previsto en la Constitución brasileña, la cual dice que si un presidente en ejercicio del poder es acusado por un delito de carácter penal, la Corte Suprema debe remitir el asunto a la Cámara baja.

En caso de que los diputados avalen la denuncia con una mayoría de dos tercios del pleno, Temer sería suspendido de sus funciones durante un plazo de 180 días y su vacante sería cubierta en forma interina por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia.

Si fuera finalmente condenado, en un plazo de treinta días Maia debería convocar a las dos cámaras legislativas para elegir en forma indirecta a quien completaría el período presidencial, que en este caso concluye el 1 de enero de 2019.

Sin embargo, todo eso quedaría en nada si los diputados rechazan la denuncia, pues eso obligaría al Supremo a archivar el caso y el presidente continuaría en el poder.

El actual mandato presidencial lo inició el 1 de enero de 2015 Dilma Rousseff, quien fue destituida por irregularidades fiscales el año pasado y sustituida por Temer, quien entonces ocupaba el cargo de vicepresidente.

En caso de que la Fiscalía finalmente denuncie a Temer, será la primera vez que un mandatario brasileño en pleno ejercicio del poder sea acusado formalmente de haber cometido delitos de tipo penal.