En el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas, Mark Manly, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de los Refugiados, visitó la ciudad de Saltillo para suscribir un convenio con el Municipio que preside Manolo Jiménez.

El objetivo: fortalecer el programa “Ciudades Solidarias” como una política pública a favor de los derechos sociales de las personas refugiadas que residen en Coahuila y que hoy refrenda el gobierno que encabeza el Ejecutivo del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís.

Las personas refugiadas, sin duda, son un valor social para nuestra comunidad. Ellas han tenido que desplazarse de manera forzada a nuestro país, para buscar refugio o asilo por razones humanitarias. La exclusión, la pobreza y la grave violencia que se vive en el triángulo norte de América Central ha generado un aumento considerable de los flujos migratorios, que implican una serie de retos y desafíos para el Estado mexicano.

La migración forzada es un problema global. Por conflictos armados y violaciones graves de derechos humanos, el Informe ACNUR (2018) nos presenta una situación crítica: más de 70 millones de personas en el mundo han sido desplazadas de manera forzada. La cuestión migratoria, por tanto, es uno de los problemas actuales que plantean graves violaciones de derechos humanos.

Nuestro país enfrenta hoy una cuestión de estado. México, principalmente, se ha caracterizado por ser un lugar de origen, tránsito, destino y, en los últimos años, de retorno de migrantes. En forma reciente, el gobierno federal se comprometió con el país vecino a enfrentar el problema de la migración. Pero ¿qué significa esto?

México, entre otros acuerdos, se comprometió con la presidencia de Donald Trump a garantizar empleo, salud, educación y vivienda a las personas migrantes que les corresponda esta ayuda humanitaria de manera ordenada. A los Estados, en consecuencia, les corresponde apoyar estos compromisos internacionales, pero sobre todo complementarlas en el ámbito de su competencia.

Coahuila no es ajena al desafío que representa el tránsito de miles de personas migrantes en su territorio. El problema radica en identificar las necesidades que debemos gestionar desde un enfoque de derechos humanos para atender la afluencia de flujos migratorios.

En Coahuila, mil 218 personas residen hoy con la condición legal de refugiadas. En su gran mayoría son personas adultas que viven con sus hijos e hijas. La mayor parte son mujeres y menores. El 100% de las personas que se han reubicado en el programa de Naciones Unidas, obtienen en Coahuila una oferta de empleo formal en el sector de la industria, servicios y comercio. De acuerdo con datos oficiales más del 60% han salido de la pobreza, pues antes de este programa el 73% de las personas refugiadas estaban desempleadas, solo el 17% contaba con un empleo esporádico y solo el 10% estaba empleado. El ingreso promedio semanal era de 8 salarios mínimos y sus hijos menores de edad no estaban en la escuela. Hoy, prácticamente el 92% de las personas reubicadas están empleadas. El salario promedio semanal es de casi 15 salarios mínimos y el 100% de sus hijos están escolarizados.

Las personas refugiadas hoy trabajan y viven en paz, llevan a sus hijos a la escuela, pagan impuestos y contribuyen a la diversidad cultural de nuestra entidad. Pero el Estado tiene el deber de sostener una política para la mayor inclusión local. ¿Cómo? Coahuila apuesta al programa de Ciudades Solidarias de ONU Refugiados para garantizar la mayor integración social de las personas refugiadas.

Es cierto que los derechos sociales son un deber de nuestro Estado que se puede cumplir por la gran fuerza laboral que tenemos y por el sentido de compromiso social que el ramo empresarial de nuestra entidad tiene para con los derechos humanos. Con un empleo digno, las personas refugiadas pueden iniciar de nuevo su plan de vida que, por razones injustas, tuvieron que replantear a través de su derecho a migrar.

En tiempos de muros, xenofobia y odio, Coahuila apuesta hoy por los muros de oportunidad y de solidaridad a favor de las personas refugiadas. Ellas contribuyen al gasto público. El Estado, por tanto, debe contribuir a su inclusión social. Si mi ciudad natal logra transformar el contexto de discriminación y violencia en nuevas oportunidades de vida, la agenda de los derechos dará un paso más al ideal de la sociedad con libertad, igualdad y fraternidad.

En esta agenda trabajará la Academia IDH en el marco del Programa Estatal de Derechos Humanos, con el consenso de las personas refugiadas, la comunidad internacional, la sociedad y las instituciones de Coahuila.

 El autor es Director General de la Academia IDH

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH