El Ayuntamiento ha fortalecido sus mecanismos para poder cobrar a como dé lugar las fotomultas que se aplican desde abril del año pasado.

En esta edición reportamos que la Dirección Jurídica del Ayuntamiento comenzó con el remate de bienes de automovilistas que, por una u otra razón, no han cubierto las sanciones a que se hicieron acreedores tras rebasar los límites de velocidad permitidos.

Es plausible que el Ayuntamiento decida sancionar a quienes violenten la ley, y que estas prácticas ilegales no queden en la impunidad.

Sin embargo, la recaudación de estos recursos extraordinarios debería de verse reflejada en mejoras para la ciudad.

Es cierto, como lo ha apuntado en  diversas ocasiones el Ayuntamiento, que desde la entrada de las fotomultas, los accidentes viales mortales no se han presentado en la localidad, al tiempo que se ha registrado una notable disminución en el número de percances automovilísticos.

Pero a la vez, las autoridades no han hecho eco del destino que han tenido los recursos que el Ayuntamiento ha obtenido derivado del cobro de estas sanciones.

El monto que la Alcaldía debiera recaudar no es menor. Tan sólo entre abril y noviembre recaudaron cerca de 21 millones de pesos. Luego de los estímulos otorgados en noviembre pasado, no se ha informado cuánto lograron cobrar, ya que en meses anteriores habían dicho que sólo se había logrado cobrar el 13 por ciento de las sanciones emitidas.

En el portal del programa Radar Vial –nombre oficial con el que el Ayuntamiento denomina a este plan- se limita a decir que el dinero recaudado por las sanciones será destinado “en la mejora de vialidades para la ciudad”.

A casi nueve meses de la entrada en vigor de este programa, el Municipio no ha informado cuántos recursos se han destinado para estas mejoras, ni tampoco un plan para conocerse cuáles serían las primeras acciones, en concreto, dónde se invertirían estos recursos.

Una ciudadanía que en parte comenzará a percibir la “cuesta de enero” requiere certezas sobre el hecho de que sus impuestos son ejercidos de manera correcta y en beneficio de la sociedad.

Sobre todo, luego de que la Auditoría Superior del Estado colocara a Saltillo como la administración menos eficiente, ya que disminuyó su recaudación, bajó su nivel de inversión, incrementó su gasto en nómina y aumentó su deuda a corto plazo.  

Porque en caso contrario puede percibirse que solo es un método de cobro que la Alcaldía utiliza para hacerse de recursos. 
Sobre todo ahora que alista el embargo de bienes de otros 3 mil 500 automovilistas.