CIUDAD DE MEXICO.- “Han pasado diez años y seguimos con la palabra impunidad en la boca”, dice con tristeza Bárbara Italia Méndez Moreno, una de las mujeres detenidas en los operativos policíacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco y Texcoco, encarceladas y sometidas a tortura sexual justo cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México.

Italia y dos de sus compañeras, Norma Jiménez Osorio y Yolanda Muñoz Diosdada, hacen un balance sobre el impacto de los operativos policiacos de hace una década y sus expectativas ante el litigio que sostienen en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado mexicano.

Entrevistadas por Apro en compañía de sus abogadas Araceli Olivos Portugal y Daniela Aguirre Luna, ambas del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), admiten que políticamente el litigio impacta al gobierno de Peña Nieto, cuyo nombre está intrínsecamente ligado a la represión contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y de ciudadanos que se solidarizaron con las protestas encabezadas por esa organización.

En 2012, como candidato a la Presidencia de la república, Peña Nieto no tuvo empacho en reconocer su responsabilidad en ordenar el operativo, en el que participaron elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la entonces Agencia de Seguridad del Estado de México, y donde fueron detenidas 47 mujeres; de ellas, 26 denunciaron tortura sexual al momento de ser remitidas a prisión, pero sólo once han mantenido su exigencia de verdad y justicia.

Con sus particularidades, las mujeres sostienen que a diez años de los hechos aún enfrentan las secuelas y el impacto de haber vivido “el horror, el miedo a morir, el terror a ser violada”, dice Italia, “y a ser desaparecida”, acota Norma, quien recuerda que mientras sufrieron la tortura sexual los policías agresores les repetían que podían hacer con ellas lo que les diera en gana.

Para las denunciantes su dolor se ha acentuado al confirmar que el caso Atenco fue para el país “como abrir la puerta a una fuerza inaudita que se convirtió en el común denominador de los operativos policiacos (…) el uso de la fuerza traducido en brutalidad”, apunta Italia.

En medio de la controversia sobre la llamada Ley Eruviel, que pretende legitimar la represión de los movimientos sociales en el Estado de México, Norma Jiménez reconoce que “el país está en un momento terrible”, debido a que la tortura, como método de contención, “es cotidiana, sistemática y generalizada”.

Agrega que esas historias “que aparecen en los medios o que no aparecen pero sabemos que existen”, se han convertido en el motor de “nos permite seguir luchando para que esto no se repita y así fue nuestra lucha desde el principio”.

Yolanda sostiene que la pelea que sostienen en el Sistema Interamericano es una consecuencia de la cerrazón del Estado mexicano en hacer justicia. En su mente siguen frescas las preguntas que agentes del MP, cuando denunciaron los hechos, e incluso visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) les hacían para “hacernos sentir que nosotras habíamos sido responsables de lo que nos había ocurrido y, como querían que cayéramos en su juego, nos preguntaba de distintas maneras la misma pregunta, que si conocíamos a Ignacio del Valle (líder del FPDT, quien también estuvo detenido), cosas que no tenían nada qué ver con lo que sufrimos”.

A diez años, las mujeres de Atenco admiten que en el proceso de buscarse a sí mismas encontraron a otras mujeres que habían sido víctimas como ellas de tortura sexual, casos contextualizados en la lucha contra el narcotráfico de Felipe Calderón, por lo que decidieron participar en la campaña “Rompiendo el silencio. Todas contra la tortura sexual”.

Las once mujeres de Atenco emprendieron la campaña paralelamente al seguimiento que daban al litigio iniciado en 2008 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la OEA que admitió su caso en 2010, y en 2013, en nombre de las quejosas, Italia Méndez acudió a una audiencia pública en Washington para anunciar su negativa a llegar a un acuerdo amistoso con el Estado mexicano, por lo que aguardarían a que la CIDH enviara el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

A tres años de la comparecencia, las mujeres están a la espera de un informe de fondo por el que la CIDH podría determinar la procedencia de la denuncia contra el Estado mexicano ante el tribunal interamericano.
Norma, Italia y Yolanda se quejan de que a pesar de que en 2013 fueron muy claras, hasta ahora el gobierno de Peña Nieto se ha empeñado en buscar un acuerdo amistoso a través de escritos enviados a la CIDH, “para evitar que emita el informe de fondo”.

Dice Italia: “Tenemos conocimiento de que 14 exagentes de seguridad estatal están detenidos y están siendo procesados en el penal de Santiaguito; hay 14 órdenes de aprehensión, por omisión, en tanto que 21 médicos legistas y un agente del MP están siendo procesados por encubrimiento. No hay ningún policía federal procesado ni mucho menos la cadena de mando”.

Para las mujeres, “el Estado le apuesta a decir que tiene mucha gente procesada, pero tenemos diez años exigiendo justicia, tenemos diez años en que dudamos claramente de que estos procesos nos lleven a esclarecer realmente, que tengamos verdad y que tengamos justicia, no hay sentencias, lo que demuestra la poca voluntad del Estado de esclarecer los hechos realmente”, insiste Italia.

Recuerdan que hace un año, en un afán por prolongar el proceso ante la CIDH, el gobierno de Eruviel Ávila creo un fondo ad hoc para indemnizar a las mujeres denunciantes y a sus abogados, lo que hasta ahora ha sido rotundamente rechazado por las afectadas.

Norma puntualiza que la forma en que se han sentido hostigadas durante el tiempo que llevan litigando ante la CIDH ha sido “esta dilación del Estado, querer negociar la justicia por así decirlo, pero nuestro compromiso va más allá de que si hay gente en la cárcel; es si realmente incidir en que los agentes estatales dejen de torturar a las personas, esa es nuestra interpretación de justicia”.

“Todavía no sabemos si le va a alcanzar al gobierno de Peña Nieto enfrentar el litigio, porque las cuestiones se están atrasando mucho, y al final hemos insistido que para nosotras hay como personajes muy clave, responsables de lo que pasó en San Salvador Atenco y Texcoco en 2006, pero también entendemos que es una lógica de Estado, y si llega a la Corte, es al Estado al que se va a sentenciar”, advierte Italia.