La corrupción se ha convertido claramente en el agravio social número uno. La clase política ni lo advierte, ni lo evita, y menos aún lo combate. Estamos frente al esplendor de la corrupción institucional. 

Hablo de instituciones que producen corrupción en forma sistemática. De ella, los legisladores obtienen beneficios personales escudados en su estatus de miembros del Poder Legislativo. 

En mi librito del deber ser constitucional, el esquema de moches aparece en primer término como una transgresión al principio de separación de poderes. Este es el primer gran pecado, con consecuencias en cascada. Al fallar en  “guardar y hacer guardar la constitución”, los legisladores libran un gran obstáculo y lo que sigue no debe asustarnos.

Los diputados legislan. El Presidente y los Gobernadores ejecutan. Cuando los legisladores emulan un poder ejecutivo a través de mañas, todo el resto del orden se colapsa. No hay manera de forzarlos a rendir cuentas. Claro que es institucionalmente difícil seguirle la huella al dinero. 

Evaden todo el resto del orden legal, incluyendo el penal.

Un desviación tan básica y obvia debería traer indignación del pueblo, independientemente de que el dinero se gaste bien o mal. Lastimosamente, aquí el control social no opera; nadie conoce la constitución. El único que aparece reclamando este aspecto es mi amigo Salvador Benítez. Los demás líderes locales se van por el lado de que rindan cuentas. Señores, por favor, si se viola el orden constitucional lo demás por supuesto que estará requete mal y claro que será casi imposible fiscalizar. 

Recordemos que los moches se generaron cuando los diputados descubrieron que funcionarios de Hacienda comerciaban con ciertas partidas federales asignadas a municipios. Fue entonces que estos fondos propensos a “moches” obtenidos de alcaldes ávidos de recursos, se traspasaron al Congreso. A los diputados simplemente se les hizo fácil, reasignar los fondos para gastarlos ellos. ¡Bonita solución a la corrupción del Ejecutivo Federal!

El Congreso no debe ejecutar obra pública, pero a muy pocos les importa eso. Ahora los diputados reciben su asignación presupuestal junto con un permiso para gastarlo en la obra a nivel municipal que más les reditúe políticamente. Para ello se alían con los alcaldes, algunos de los cuales salen a comprar los fondos a cambio de “moches” para el diputado cedente.

Todos los partidos entran al reparto, y como dice el dicho, el que parte y comparte se queda con la mayor parte. Honrosa excepción, mi amigo Agustín Basave quien se negó a recibir la carta en la que se instruye a Hacienda de entregar el dinero a X municipio, por órdenes del diputado beneficiado. 

Estas “cartas” están resguardadas como secreto de estado en la caja fuerte del Palacio Legislativo. Son las cartas poder que algunos diputados asignan al municipio de su preferencia y en ocasiones son endosadas a otros diputados que a su vez venden su producto a alcaldes ávidos de hacer obra. Si San Nicolás es bueno para recibir esos fondos es porque este alcalde tiene mucha práctica en hacer este tipo de gestiones. “Búsca y encontrarás” ha de pensar. 

Busquémosle y encontraremos.

Los escándalos de los moches afloraron porque en el PAN quedaban algunos vestigios de vergüenza; el tal Ricardo Anaya ascendió al poder prometiendo procesar a los culpables y se ha negado a actuar. Ahora es cómplice de todo este triste ejemplo de corrupción institucional al más alto nivel de complicidad con alcaldes. Nótese que todo nació en el desgobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

En mi librito de ética, todo el que no se opone a esta degeneración institucional es cómplice o al menos encubridor. Estamos frente a una maquinación para defraudar a la nación. Todo lo demás cae en cascada: opacidad e impunidad a través del fuero y la división de poderes; cero rendición de cuentas; y delitos de cohecho y coalición de funcionarios al por mayor, todos sin castigo.

javierlivas@prodigy.net.mx