La semana pasada, después de reunirse con representantes de Estados Unidos para explicar los resultados de la colaboración mexicana con la estrategia punitiva de Donald Trump, el canciller Marcelo Ebrard dio una desafortunada conferencia de prensa. Ahí, Ebrard aseguró dos cosas improbables. Primero, dijo que la tendencia a la baja de los números de inmigrantes centroamericanos que llegan a la frontera norte de México para intentar ingresar a Estados Unidos será “irreversible”. Es una promesa temeraria. Ebrard seguramente sabe que, durante los meses de otoño, el número de inmigrantes que cruzan México es tradicionalmente mayor que el que se registra durante el verano, donde menos se atreven a enfrentar la travesía, sobre todo en el caso de familias enteras. La tendencia histórica es al alza, no a la baja. Por eso, asegurar que la estrategia mexicana de persecución y detención de migrantes de Centroamérica dará un resultado “permanente” es, en el mejor de los casos, una exageración.

Después, el canciller dijo que la delegación mexicana había discutido con el gobierno de Donald Trump medidas para “congelar” el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Eso es, de nuevo, una desmesura. El gobierno mexicano no está en condiciones de prometer semejante cosa. Ebrard aseguró que el primer paso será hacer un diagnóstico mensual de las armas que entran a México de manera ilegal. Bien, pero ese diagnóstico servirá de poco si no hay medidas contundentes en las aduanas mexicanas y, mucho más complicado, nuevas leyes en Estados Unidos. Si lo que se busca es de verdad detener el tráfico de armas hacia México, el gobierno de Trump y, más importante todavía, el Partido Republicano, tendrían que impulsar medidas legislativas complejas e improbables. Ni la más severa presión social en Estados Unidos después de las horrendas matanzas recientes ha llevado a los republicanos a considerar la más tímida de las medidas para detener la compra y tenencia de armas de asalto como las que nutren, en números aberrantes, a las organizaciones criminales en México. ¿Por qué habría de importar la exigencia mexicana en la materia?

Aun así, el peor momento de Ebrard en la conferencia de prensa en Washington sucedió cuando el canciller aseguró que México no tiene nada de qué avergonzarse por su papel en la estrategia para detener el flujo migratorio centroamericano, en absoluta cooperación con Trump. Ebrard se equivoca. El gobierno mexicano tiene mucho de qué avergonzarse y podría tener mucho más si no asigna recursos donde debe. Basta un ejemplo: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió colaborar con un programa polémico de la Casa Blanca llamado “Remain in Mexico”. El programa, que varias organizaciones en pro de los derechos civiles combaten en las cortes estadounidenses en este momento, permite al gobierno de Donald Trump enviar de vuelta a México a miles de refugiados potenciales a esperar en las ciudades fronterizas la resolución de sus casos, asunto que puede tomar meses o años. En México, esos inmigrantes viven en el Limbo. No tienen domicilio, ni papeles, ni recursos, ni nada. Son una población desamparada y desprotegida, a merced de depredadores de toda índole. Y se cuentan, hoy, por decenas de miles. Los casos de pobreza, marginación, abuso y violencia contra esa comunidad ya comienzan a apilarse. Cada uno de ellos es, o al menos debería ser, motivo de vergüenza para el gobierno mexicano.

Debe quedar claro: México no tenía ninguna obligación de ser cómplice de un programa inhumano y posiblemente ilegal como “Remain in Mexico”. Ninguna en absoluto. Pero hay algo peor: incluso después de decidir colaborar con esa parte de la estrategia trumpista, el gobierno mexicano ha insistido en no asignar recursos bastantes para ayudar a la creciente comunidad migrante varada por largo tiempo en el norte del país. En un caso de verdad para Ripley, la Comar, organización encargada de atender a los refugiados en México, opera con poco más de un millón de dólares anuales. Repitámoslo, porque vale la pena: el gobierno mexicano piensa que le bastarán cien mil dólares al mes para atender la mayor crisis migratoria que haya vivido el país y la región en su historia reciente. Andrés Ramírez, titular de la Comar, ha dicho con toda claridad que el presupuesto “no es de ninguna manera suficiente”. Tiene toda la razón, evidentemente. La Comar necesita diez veces lo que le han asignado si México de verdad quiere evitarse no solo vergüenzas sino tragedias de un calibre que ni siquiera imaginamos.

El canciller Ebrard, que ejerce, para casi cualquier consideración práctica, como presidente de México en el exterior, debería dar un ejemplo de humanidad y mesura evitando promesas improbables y dedicándose a resolver los evidentes desafíos antes que presumir la eficiencia de la maquinaria migratoria mexicana. México debería ser ejemplo de trato digno y noble al migrante. Hoy somos lo contrario, aunque el gobierno progresista de México tenga otros datos.

México debería ser ejemplo de trato digno y noble al migrante. Hoy somos lo contrario, aunque el gobierno tenga otros datos

@LeonKrauze