Los casos se suceden uno a uno, en una cadena ilimitada de calamidades: No obstante recibir la mayor cantidad histórica de recursos en términos reales, los gobiernos estatales gastan por encima de sus posibilidades, destinan proporciones crecientes de sus presupuestos de egresos a cubrir el gasto corriente, en detrimento de su capacidad de inversión y se endeudan irresponsablemente para sostener su endemoniada carrera.

Uno tras otro, los gobernadores de toda la policromía política han ocupado los titulares de los medios de comunicación con historias de terror acerca de los excesos en el ejercicio de sus cargos: En una pasarela interminable, han desfilado titulares o extitulares del Ejecutivo de los estados de una gran parte de la República: Tabasco, Puebla, Nayarit, Aguascalientes, Sonora, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo… 

No se trata pues de una golondrina que no hace verano, sino de una parvada bien nutrida que sancocha la realidad social y política a lo largo y ancho del territorio. Estamos frente a un disfuncionamiento sistémico, en el cual los rasgos individuales le dan al desastre tonos particulares e incluso folclóricos, pero no lo definen en su esencia. Algo está mal en el diseño de las instituciones públicas en México que está propiciando y reproduciendo comportamientos que afectan gravemente nuestra convivencia.

La transición democrática desmanteló los contrapesos reales de poder que enfrentaban los gobernadores en el viejo régimen: En la época dorada del presidencialismo, quién ocupaba la silla principal de los Pinos decidía quién sería el gobernador en todas las entidades, accionaba la llave que controlaba los flujos de los exiguos recursos con los cuales estos gobernaban y podía removerlos en caso de que así conviniera a su proyecto político o de que éstos incurrieran en excesos indeseables en su ejercicio. Estos mecanismos no han sido reemplazados.

Hoy día, el Presidente tiene problemas para imponer a los candidatos de su propio partido, no puede soñar en removerlos a su antojo y tampoco puede restringir libremente la cantidad de recursos que reciben de la Federación, pues muchos de esos fondos están predeterminados por fórmulas de asignación difíciles de cambiar, especialmente en coyunturas políticas de corto plazo.

Tenemos pues gobernadores con manos libres, sin contrapesos efectivos y gruesas chequeras que sin embargo les parecen raquíticas ante la desmesura de sus ambiciones.

En este entorno, la planeación, especialmente la estratégica, es vista como una camisa de fuerza al ejercicio discrecional del poder. En este sistema, el único plan que tiene sentido para los gobernadores es el que anida en sus neuronas y en la voracidad de sus carteras. No hay espacio en este universo para la visión estratégica de futuro. La selección de los responsables de las distintas áreas de funcionamiento gubernamental no obedece a sus competencias profesionales, sino a filias políticas. A las limitaciones técnicas, se agrega la excesiva rotación del personal responsable, pues quienes ocupan posiciones en las estructuras institucionales no acaban de sentarse en la silla y ya están pensando en la siguiente estación de su carrera política.

Por estas razones los gobiernos locales enfrentan serias dificultades para generar políticas públicas de calidad, pues carecen de visión estratégica, continuidad y de un adecuado servicio civil de carrera que permita disponer de cuadros con las credenciales profesionales requeridas para el ejercicio provechoso de la función pública. En estas circunstancia la inercia se impone, especialmente cuándo se trata de transitar nuevas veredas. No es solo un asunto de recursos económicos limitados, sino de un grave disfuncionamiento institucional. 

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, las escasas iniciativas positivas son afectadas por la disputa política, cancelando la continuidad de proyectos positivos en los relevos gubernamentales. 

Por ello el reclamo social de conformar un sistema nacional anticorrupción efectivo, no solo en el ámbito federal, sino en el de los estados y municipios. Iniciando la semana, el Presidente de la República promulgó el paquete de leyes que conforman este sistema en el plano federal. Si bien el nuevo marco normativo no cubre todas las aspiraciones y características que plantearon los miembros de la sociedad civil que participaron activamente en su diseño, si representa un avance sustancial en relación a la situación previa.

El siguiente paso será particularmente delicado, el aterrizaje del nuevo sistema en el marco normativo de los estados. Nos llevará largo tiempo conformar sistemas y marcos normativos efectivos para contener los abusos en el ejercicio del poder, pero lo importante es ir avanzando en la dirección correcta.

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