Monsanto se ha involucrado en prácticas que han vulnerado los derechos humanos básicos, a un medio ambiente sano, a la alimentación y a la salud, concluyeron los cinco jueces del Tribunal Internacional de la sociedad civil en La Haya al presentar sus opiniones legales.

El tribunal determinó que si el ecocidio fuera reconocido formalmente como actividad criminal, según la ley penal internacional, las actividades de Monsanto posiblemente constituirían ese ilícito.

Agregaron que las acciones de dicha empresa han tenido impacto negativo en la libertad de los científicos para llevar a cabo investigaciones indispensables. A pesar del desarrollo de regulaciones destinadas a proteger el medio ambiente, todavía existe una brecha entre compromiso y realidad en la protección ambiental.

Al presentar ayer su resolución, el tribunal resaltó la necesidad de reivindicar la primacía de las leyes internacionales y planteó que las multinacionales deberían ser consideradas actores responsables y tendrían que estar sujetas a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en caso de violación a los derechos fundamentales.

En el fallo consideraron que dichas conclusiones serán de interés para los críticos de Monsanto y la agricultura industrial, así como para los accionistas de compañías químicas, especialmente Bayer.

La reputación de Monsanto –y de Bayer, en caso de fusión– no mejorará con las conclusiones emitidas por los jueces del tribunal, indicaron, ya que esto traerá a la luz el verdadero costo de la producción y afectará el valor de las acciones de la empresa a largo plazo.

Las compañías que dañan la salud, los alimentos y el medio ambiente tendrán que rendir cuentas por sus acciones. Esta opinión ahora está en manos de los estados y las organizaciones de la sociedad civil para que hagan uso de ella, concluyeron los integrantes del tribunal. Los grupos que organizaron esta actividad son: Organic Consumers Association, Navdanya, IFOAM Organics International, Biovision Foundation y Regeneration International.