El caso de Mónica Esparza, expuesto una vez más la semana que termina por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., en Torreón, sacude a cualquiera. Causa rabia, enojo, coraje, tristeza, malestar e indignación.

Mónica, su esposo y hermano fueron detenidos por policías de Torreón en 2013. Fueron torturados de una forma cobarde y horrorosa, al grado que el esposo de Mónica falleció. Ella y su hermano fueron presentados como secuestradores. Mónica fue torturada sexualmente y violada. Actualmente está detenida acusada de secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, delitos a los que fue obligada a firmar su confesión bajo tortura y amenazas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó el caso y emitió la recomendación 15/2016, en la que acreditó la existencia de retención ilegal, tortura, violencia sexual y ejecución arbitrara en contra de las víctimas. El 13 de abril de este año se notificó a Mónica que se había agotado el periodo de instrucción, es decir, que la Fiscalía General de la República deberá decidir próximamente si cuenta con elementos suficientes para acusarla o si, por el contrario, presenta conclusiones no acusatorias. Posteriormente, el juez federal deberá resolver el caso analizando las pruebas que constan en el expediente (Centro Prodh, 2019).

El caso debe cimbrar a cualquiera. Es reflejo del fracaso en materia de derechos humanos. Fracaso de las políticas de seguridad. Fracaso de las policías. Fracaso de un sistema de justicia. Fracaso, también, de una sociedad.

Pero el caso de Mónica no es aislado. Tampoco es el único de esos años ni es exclusivo de policías municipales.

Recientemente se dio a conocer que Coahuila es primero a nivel nacional en prácticas de tortura contra mujeres privadas de la libertad en los Ceresos del estado, según el informe realizado por más de un centenar de organizaciones civiles de México. Hasta el 2016, al menos el 38 por ciento de las mujeres en cárceles de Coahuila había sido torturada con golpes o violencia sexual (VANGUARDIA, 26 de abril). Treinta y ocho de cada 100 mujeres que están en las cárceles. Cierre los ojos e imagine los gritos de ellas siendo torturadas.

No es difícil encontrar varios casos de violaciones a los derechos humanos en Coahuila a manos de agentes de seguridad. Sólo se necesita googlear para encontrar que en julio de 2006 más de 20 militares violaron a 13 sexoservidoras en Castaños. Sólo se necesita escribir la palabra Coahuila en la página de la CNDH para encontrar que, por ejemplo en 2012, se emitió la recomendación 16/2012 a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) porque 10 soldados en 2010 entraron arbitrariamente a un domicilio en Torreón, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza a un hombre, lo golpearon con una tabla gruesa en las costillas, con las culatas de las armas lo golpearon en la espalda y con el puño en todo el cuerpo, incluyendo los testículos. A un menor de edad lo maltrataron y golpearon por 10 minutos. Una de las personas torturadas falleció.

Hace unos días (VANGUARDIA, 13 de mayo), la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC) emitió la recomendación R20/2019 en contra del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) del Estado por haber torturado con descargas eléctricas en los genitales a un joven por hechos ocurridos en 2017.

2006, 2010, 2013 y 2017. No es aislado, abarca toda una era de violaciones a los derechos humanos constante. Uno tras otro. No son casos aislados, no son casos únicos de una corporación. Son casos sistemáticos que desafortunadamente son alimentados por un tema de impunidad.

Por si fuera poco, la asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Coahuila contabiliza más de 80 casos de desaparición forzada, perpetrados en su mayoría por los GATE de Coahuila.

AL TIRO

En los últimos cuatro años se han presentado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos 89 denuncias por tortura, ocasionadas presuntamente por fuerzas policiacas municipales o del estado. De las 89, 25 quejas fueron del año pasado.

En los últimos seis años se han presentado 2 mil 080 quejas por detenciones arbitrarias. Y vemos que no hay hasta el momento ningún indicativo que refiera una disminución en la cifra. De 2013 a 2018, la cifra de detenciones arbitrarias ha sido 60 por ciento mayor. Las lesiones igual, éstas han incrementado 386 por ciento de 2013 a 2018 y en total, en los últimos seis años, suman mil 216 quejas por lesiones ante la Comisión Estatal, la mayoría por detenciones arbitrarias.

Sobre la desaparición forzada, tan sólo el año pasado se presentaron ocho quejas.

Mientras no exista un estado de derecho que castigue estos actos, la impunidad será un combustible para seguir perpetuando las violaciones.