Cd. de México.- El dictamen aprobado por unanimidad por las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos establece en el Artículo 222 del Código Penal Federal que será castigado el legislador que, en ejercicio de sus funciones o atribuciones, realice solicitudes o gestiones ilícitas en el marco de aprobación del presupuesto de egresos.

Será considerado como delito la asignación de recursos a favor de un ente público exigiendo y obteniendo a cambio una comisión, dádiva o contraprestación en dinero o en especie.

También se castigará el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.

SANCIONES:

l- Si el monto del moche o comisión no excede 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la pena será de tres meses a dos años de cárcel.
l- Si la dádiva supera ese monto, la sanción se elevará a 2 o hasta 14 años de prisión, así como de 300 a mil días de multa.
l- Diputados y senadores alcanzarían hasta 18 años y seis meses tras las rejas.