El sistema mexicano de partidos políticos establece una barrera mínima para que una agrupación partidista pueda mantenerse como parte del mismo: alcanzar al menos el tres por ciento de la suma global de votos registrada en cada proceso electoral.

Puede discutirse si se trata o no de un porcentaje adecuado, pero esa es la regla y quien no la cumple debe desaparecer o, en el caso de los partidos nacionales, perder el derecho de acceder al reparto de la bolsa estatal de recursos públicos que integran el financiamiento para sus actividades ordinarias y extraordinarias.

La estadística de la jornada electoral del pasado 6 de junio indica que, a nivel local, solamente cuatro de los 11 partidos que compitieron para integrar los 38 ayuntamientos de la entidad lograron superar la marca mínima.

Pero no solo eso, sino que de estos, dos partidos, el PRI y Morena, concentran casi tres cuartas parte de la votación, mientras el PAN tiene poco más de 12 puntos porcentuales con lo cual entre esos partidos acumulan casi el 90 por ciento de todos los sufragios depositados en las urnas.

En otras palabras, aunque por número de partidos podría decirse que el abanico de opciones revela una gran pluralidad ideológica, lo cierto es que el respaldo popular para las opciones minoritarias es mínimo, pues entre siete partidos no reúnen siquiera la décima parte de los votos estatales.

Tales estadísticas vuelven obligado -una vez más- discutir si con esos resultados se justifican los recursos -más de 26 y medio millones de pesos- que este año recibieron en prerrogativas los partidos que no llegaron al umbral mínimo del tres por ciento.

Responder al cuestionamiento no es sencillo, porque no se trata simplemente de señalar que, debido a la inexistencia de un respaldo ciudadano mínimo, a priori debería negarse la posibilidad de que nuevos partidos sean creados, pues ello atentaría contra el derecho que los ciudadanos tienen de asociarse.

Esta última circunstancia, sin embargo, no puede conducirnos a concluir que entonces no hay nada que discutir y que los contribuyentes deben seguir financiando proyectos que, además de fracasar electoralmente, en casi todos los casos sirven para que algunos individuos se beneficien personalmente.

Habría que encontrar entonces un adecuado equilibrio entre la garantía del derecho a la asociación de los ciudadanos y la obligación de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos. Sin duda es posible desarrollar múltiples mecanismos que ofrezcan un resultado aceptable en este sentido.

Valdría la pena pues que se abriera una discusión seria -a nivel local y federal- tendiente a revisar nuestro sistema de partidos, con el propósito de proteger los intereses colectivos y no solamente, como ha ocurrido hasta ahora, los de una minoría que, al menos en Coahuila, se dedica profesionalmente al “negocio” de los partidos.