Cada año, el Gobierno federal destina aproximadamente 200 millones de pesos para subsidiar a un puñado de millonarios. La única manera en que se entiende que algo así sobreviva, con el riesgo político que implica, es que hay enormes intereses detrás y un filón de corrupción que no merece la acostumbrada impunidad.

Según dos fuentes oficiales de alto nivel en el Gobierno federal, la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) alinea esos millonarios subsidios escondidos para que terminen beneficiando a marcas de la talla de Atún Tuny y Atún Dolores, encabezadas por Leovi Carranza y Antonio Suárez, respectivamente.

Desde hace años se sabe que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) no es un organismo del Gobierno federal estructurado bajo la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa, bajo el mando de José Calzada). La Conapesca es de los atuneros, que suelen poner a alguien cómodo ahí –actualmente la encabeza un añejo funcionario priista de nombre Mario Aguilar Sánchez– para que no moleste sus intereses mientras se acaban los mares:
La pesca de atún está al borde de la sobreexplotación y su sustentabilidad es incierta. Según datos oficiales de la CIAT (Comisión Interamericana del Atún Tropical), en los últimos cuatro años, el peso promedio de cada atún capturado ha caído a la mitad (de 13 a 6 kilos): están agarrando animales cada vez más jóvenes. 
Además, se han concentrado tanto en no matar delfines por la bronca internacional en la que se metieron, que ahora matan tortugas, mantas, tiburones, marlines y peces espada y vela. Varias de éstas son especies vulnerables o amenazadas. Les llaman “capturas incidentales”. 

He platicado con pescadores. No los que sólo sacan dinero del océano y rara vez se mojan los pies, sino los que consiguen bajo el agua lo que sostiene a sus familias. Me dicen que siempre es una buena idea “dejar descansar” al mar: si se reduce la pesca significativamente se recuperan las especies afectadas y además los peces crecen de tamaño; si se regresa a una pesca responsable, cuando sacan esos peces ya son más grandes y hasta les puede mejorar el negocio. 

Es hasta una inversión, pues. No se trata de que pare la pesca a gran escala. Se trata de que pare el abuso. Hasta la última vez que chequé, el mar no se había privatizado en favor de nadie.
Sin embargo, hay quien piensa lo contrario.

Después de una enorme presión nacional e internacional de ambientalistas y medios de comunicación, el presidente Peña Nieto accedió a declarar área natural protegida una gran región del archipiélago de Revillagigedo, uno de los tesoros submarinos de nuestra patria.

Van a sacar a los atuneros de ahí. A pesar de que sólo pescan el 5 por ciento de su producto en el lugar, ya echaron a andar su aceitada maquinaria política para echa atrás el decreto, una de las poquísimas cosas que ha merecido al Presidente de México reconocimiento internacional. 

SACIAMORBOS
Si ganan los atuneros tendremos una clara pista de por qué. Son tiempos de campañas.