En América Latina y en México, persiste el debate en torno a si las fuerzas armadas deben o no desempeñar misiones y funciones de naturaleza policial; incluyendo el combate al narcotráfico. Por un lado, existe la posición de rechazo absoluto, que limita sus funciones a la tradicional y restringida misión de la defensa nacional. Por otro lado, la posición de que la propia realidad obliga, ya que cada vez más, es frecuente recurrir a la institución que es de mayor confianza ciudadana, como respuesta estatal a amenazas y riesgos, que ninguna otra dependencia del Estado, se encuentra en condiciones de afrontar.

Esta tendencia, descansa en el artículo 89 constitucional y en artículo 129 constitucional. Por otra parte, en nuestro país se han dado ejemplos de éxito de lo que se conoce como “modelo de mando policial único” (caso de éxito en Coahuila) en donde el gobierno federal o central, impone a las entidades federativas y cuyo principal efecto, es optar por el modelo de policía militarizada en la mayoría de los estados de la República.

Después de más de un año de haber iniciado el gobierno de AMLO, quién se comprometió a combatir la violencia criminal y a erradicar toda forma de corrupción, los principales puertos de México (Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas…) se encuentran bajo el control del Cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo a informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los puertos marítimos son pieza fundamental para la introducción de químicos, que son transformados y vendidos como metanfetaminas y fentanilo. De acuerdo a informes de dicha secretaria, “el fenómeno de los puertos no ha sido algo que se diera de la noche a la mañana. En realidad, ha sido la manera más eficaz de los cárteles de introducir cargamentos de químicos, después de que los satélites internacionales que son operados por infraestructura estadounidense tangan el dominio de quién entra y quien sale del país en el terreno aéreo (PROCESO 2254)”.

En una de sus mañaneras, el presidente habló de la gran corrupción que existe en los puertos y en los cuales, se encuentran involucrados funcionarios de puertos adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. De ello se desprende, una iniciativa de Ley para retirarle a la SCT sus facultades en materia marítima y trasladarle esa función, a la Secretaría de Marina. Sin embargo, desde diciembre pasado, los diputados de Morena han frenado esa reforma, bajo el argumento de revisar mejor el dictamen y escuchar más opiniones.

En el documento de la Secretaría de Seguridad, se menciona que la información de los cargamentos y de cuestiones relevantes, son comunicados a los grupos criminales, quienes roban los cargamentos. En estricto sentido, hay fuga de información. Además, el documento señala a personajes involucrados en esta corrupción portuaria; entre ellos destaca el nombre de Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler quien fue director de PEMEX, titular de diversas secretarías y presidente de la Bolsa de Valores.

Así como la bancada de MORENA, Jiménez Espriú, se opone a dicha reforma porque implica una militarización de actividades que corresponden a civiles.

López Obrador defiende esto bajo el argumento que no se trata de militarizar, sino de dar mayor seguridad en los puertos por la importancia estratégica que tienen y remata que es como se actúa en aduanas y otras cuestiones.

Mientras tanto, el Cártel Jalisco Nueva Generación sigue controlando los principales puertos de nuestro país.