El presidente de Brasil, Michel Temer, aseguró en una carta enviada a parlamentarios que votarán la procedencia de una denuncia criminal contra él, que es víctima de una conspiración para derrocarlo de la Presidencia.

"Jamás podría creer que hubiera una conspiración para derrocarme de la Presidencia de la República. Pero los hechos me convencieron y son incontestables”, señaló el jefe del Estado en una misiva enviada a los diputados de la Cámara de Diputados.

"Soy víctima de una campaña implacable con ataques torpes y mentirosos que tratan de ensuciar mi nombre y perjudicar a la República”, agregó el mandatario, quien acusa al exfiscal general y a varios empresarios encarcelados de participar en la trama.

Entre ellos están los dirigentes de la multinacional JBS, una enorme corporación de producción, procesamiento, empacado y distribución de carne cuyo dueño, Joesley Batista, grabó el año pasado comprometedoras conversaciones con Temer.

En las grabaciones el mandatario escuchaba sin inmutarse los relatos de actos ilícitos del empresario, quien actualmente está encarcelado.

Denunciado en septiembre pasado por corrupción por parte de la Fiscalía General, Temer está acusado de asociación ilícita y obstrucción criminal en la segunda demanda penal que enfrenta desde que llegó al poder en mayo de 2016.

Junto a Temer fueron denunciados los ministros en activo Eliseu Padilha y Moreira Franco, el expresidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, ya encarcelado y con varias causas pendientes, y los exministros Henrique Alves y Geddel Vieira Lima, también en prisión.

El esquema (criminal) desarrollado permitió que los denunciados recibieran por lo menos 587 millones de reales (182 millones de dólares) en propinas (sobornos)”, aseguró el Ministerio Público cuando presentó la denuncia a mediados del mes pasado.

La primera denuncia contra Temer fue archivada por la cámara baja, pero la segunda, en la que el Ministerio Público le acusa de practicar acciones ilícitas a cambio de propinas por medio del uso de diversos órganos públicos, se encuentra en una comisión parlamentaria y será votada en el plenario del Congreso.

Si dos tercios del Congreso brasileño votan a favor de su imputación, el presidente sería apartado del poder por 180 días, pero si la denuncia no obtiene suficientes apoyos será rechazada en la sede legislativa.