Hablamos en la última entrega de lo que podemos esperar del presidente Enrique Peña Nieto en los últimos dos años de su mandato a partir de ciertos escenarios, y de su liderazgo y capacidad política. En el recuento de sus logros repasamos las reformas ciertos indicadores. Hoy podemos referirnos a una de sus grandes aportaciones políticas, en la que poco se ha enfocado la comentocracia: la limitación a los poderes excesivos de los gobernadores, primordialmente a los de su partido.

El despertar ciudadano reflejado más bien como hartazgo contra el extralimitado ejercicio del poder que la alternancia a nivel presidencial permitió a los gobernadores priístas, cuando se quedaron sin jefe político a la llegada del PAN a Los Pinos, que se manifestó en las urnas el pasado cinco de junio, acabó de crear las condiciones para reducir los márgenes de maniobra a los ejecutivos estatales tricolores.

Ya se había considerado una señal cuando Manlio Fabio Beltrones arribó hace prácticamente un año al CEN del PRI y abiertamente había señalado que para su toma de decisiones consultaría cuantas veces fuera necesario con el primer priísta del País. En otras palabras, que las candidaturas se decidirían en lo más alto, y no con los gobernadores. Algunos no entendieron el mensaje y se mantuvieron en sus posturas continuistas y deliberadamente intervencionistas en los procesos de sucesión.

La hecatombe electoral arrastró a Manlio a la renuncia y catapultó a la oficina principal de Insurgentes Norte a un politólogo y funcionario de alto nivel, hasta entonces Director General de la CFE, Enrique Ochoa Reza.

Si bien, cuando se despidió, Beltrones les dio un muy buen llegue a los gobernadores de su partido que de manera notoria, con el desprestigio generado, afectaron a sus compañeros candidatos. Ochoa Reza, entrando, empezó a hablar del señalamiento, deslinde y eventual expulsión de aquellos gobernadores que por sus malas prácticas y equívocas decisiones no merecían continuar gozando del arrope del PRI. Tenemos casi tres meses, después de los comicios, en que el tema de la corrupción, con todo y el proceso legislativo del sistema de leyes que habrá de prevenirla y castigarla.

La corrupción se convirtió en el tema central de todo. La exhibida que se le dio a los gobernadores salientes de Veracruz –destacadamente–, de Quintana Roo y de Chihuahua tomó niveles de persecución que continúa vigente. De manera inusual se supo de la intervención del Gobierno federal para revertir las maniobras de manipulación legal en la designación de Zares Anticorrupción a los que se pretendía imponer haciendo uso de las mayorías en los Congresos locales de las que gozan los Gobernadores de las entidades mencionadas. Vaya oso, pero el teatrito se les vino al suelo.

El discurso de Ochoa se encontró con que el exgobernador priísta de Nuevo León fue denunciado penalmente por la administración actual del Estado vecino, y que a no ser por los malabares de sus abogados, ya habría recibido una orden de aprehensión.

La exageración mediática, también con visos de persecución contra el propio Presidente de la República, por angas o mangas, llevó a Ochoa a fijar una muy clara posición de deslinde ante los yerros y acusaciones contra los gobernadores de su partido. “No sólo no voy a meter las manos, sino que las voy a meter a favor de la legalidad”, le dijo contundentemente a López Dóriga, mientras recorrían caminando los jardines de la residencia oficial. Hace un año, jamás lo hubiéramos imaginado. Ya nada es igual. Hoy la fuerza ciudadana manifiesta un irritado humor social  y persigue con lupa, a través de sus redes con el más riguroso escrutinio, a todos los actores políticos, especialmente a los que tienen autoridad ejecutiva. Ése es el escenario.

Por eso hoy, después del período vacacional, cuando inicia el segundo semestre político del País y cuando Coahuila se ubica a no más de ciento veinte días para definir los candidatos de los partidos más importantes rumbo a la renovación de la gubernatura, surge la interrogante por saber cuál habrá de ser la conducta y la actitud desde los poderes locales en cuanto a los procesos internos y constitucionales del orden electoral.

Surge el recuerdo de la estatura política de Eliseo Mendoza Berrueto, Rogelio Montemayor y de Enrique Martínez y Martínez. Ojalá que aquí sí le entendamos a la intencionalidad política del Presidente de la República y, a quienes corresponda, el mensaje y las señales del dirigente nacional del PRI. 

México ya cambió. (Hasta Televisa se quiere reformar). La clase política priísta de Coahuila, y lo  mismo la ciudadanía, también desean cambiar.