CDMX.- México y Estados Unidos se disputan el destino del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, porque ambas naciones lo quieren condenar por delitos cometidos en sus territorios y han solicitado a Italia la detención provisional con fines de extradición.

La balanza se inclina hacia Estados Unidos, que cumple cuatro de los seis factores determinantes para la decisión de extradición, solicitud en la que se tienen 60 días hábiles para realizarla.

Las dos naciones solicitaron a la Policía Internacional Criminal (Interpol) la notificación roja de búsqueda y localización para que los 190 países que conforman la organización detuvieran al ex mandatario. El Gobierno italiano, al capturarlo en Florencia el domingo pasado, tiene en sus manos la decisión de entrega. 

Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), explicó que el Gobierno de Italia deberá considerar la gravedad de los delitos que se le imputan.

“Es importante mencionar que la solicitud de México es de 20 años de prisión y la de Estados Unidos es de dos cadenas perpetuas más 90 años de prisión”, detalló el subprocurador.

A favor, México tiene el hecho de que Yarrington Ruvalcaba tenga nacionalidad mexicana y su lugar de residencia habitual es México. Los otros factores que deberá tomar en cuenta el Gobierno italiano para decidir la entrega son los tratados internacionales de extradición que mantiene con ambos países.

CIRUGÍA ESTÉTICA

Existía la posibilidad de que el exmandatario se hubiera realizado una cirugía plástica para ocultar su identidad, pero labores de inteligencia establecieron la ubicación de Yarrington Ruvalcaba en la ciudad de Paola, donde llevaba meses. Al ser detenido por los agentes italianos, Yarrington negó su identidad y se corroboró hasta después de analizar sus huellas dactilares. 

ENTÉRESE

México reclama al exmandatario por delitos contra la salud, probablemente cometidos entre 1998 y 2005 en Tamaulipas. Estados Unidos le imputa importación y distribución de drogas, “lavado” de dinero, fraude bancario y estructuración de operaciones de dinero, presuntamente realizados entre 1998 y 2013 en Texas y Tamaulipas.