El diagnóstico no deja lugar a dudas. México atraviesa por una de las peores crisis de derechos humanos de su historia; está a punto de romper este año todos los récords de asesinatos y las acusaciones de corrupción caminan de la mano de la impunidad por un sendero que parece no tener fin. Todo ello en vísperas de unas elecciones presidenciales cruciales para el devenir del país. El consenso entre los especialistas es abrumador: la única forma de salvar al enfermo es con instituciones sólidas. La realidad sobre el tratamiento es desoladora: las tres fiscalías que podrían combatir estos problemas están descabezadas y la discusión sobre la futura fiscalía general, entrampada en la grilla política.

El presidente, Enrique Peña Nieto, se vanagloria de haber sido el mandatario que ha liderado las principales transformaciones del país: la reforma fiscal, energética, de telecomunicaciones… Hasta mediado el sexenio, todo eran vítores para él. La corrupción, que le han golpeado a él directamente o casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa han lastrado el final de su mandato. La reforma de la justicia, la construcción del Estado de derecho, acaso la principal necesidad del país, no se ha logrado y amenaza con convertirse en un arma electoral en las presidenciales de julio de 2018, uno de los principales temores de organizaciones de la sociedad civil.

“Todo el sistema de procuración de justicia está en una crisis nunca vista”, argumenta Luis Pérez de Acha. Este abogado y doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) considera que el declive no es nuevo: “El modelo se ha ido descuidando gradualmente, no se puede pensar que surgió de la nada, son rezagos históricos”, aunque advierte que no todo está perdido: “De estas crisis vienen las fortalezas, es donde tienen que surgir nuevos y distintos escenarios”. En este sentido, esta semana, tres importantes instituciones – la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE)- alertaron de la necesidad de poner en marcha una transformación inmediata del sistema. “Estamos ante un vacío no solo de quien encabeza algo, es más complejo, es un vacío institucional que a afecta a la legitimidad de los órganos del Estado”, completa José Roldán, profesor del CIDE.

La Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia –así se llama el estudio- fue encargado por la Procuraduría General de la República (PGR), donde precisamente radica uno de los problemas. Dependiente del poder Ejecutivo, es decir, del presidente -una rara avis-, no tiene quién la dirija desde que hace dos semanas renunciase al cargo Raúl Cervantes, cuando estaba a punto de cumplir su primer año de mandato. El subprocurador Alberto Elias, una persona de la confianza de Cervantes, se ha hecho cargo de manera interina de la PGR, sin que se atisbe el consenso suficiente entre los partidos políticos para lograr un sustituto de aquí a las elecciones.

Las tareas pendientes son ingentes. El ya exprocurador aseguró que estaba lista la investigación del ‘caso Odebrecht’ en México, que ya ha salpicado a una de las personas de confianza del presidente, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, acusado de recibir 10 millones de dólares en sobornos. Además, se debe avanzar en la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los presuntos casos de espionaje a periodistas y derechos humanos o la conocida como Estafa Maestra, por la que el Gobierno habría desviado 192 millones de dólares a través de empresas fantasma. Los procesos contra los exgobernadores detenidos son otros de los asuntos a acometer: de los 10 en marcha en el último año, solo dos cuentan con una ejecución de la sanción y en siete apenas se ha avanzado la investigación inicial, un 20% de todo el proceso.

La salida de Cervantes –criticado por su cercanía al gobernante PRI- parecía poder contribuir a avanzar en la creación de la fiscalía general, un órgano independiente de la presidencia, que los partidos políticos habían acordado tras la reforma política de 2014. Según avanzan los días, esto resulta cada vez más quimérico. Tanto Peña Nieto como el líder en todas las encuestas presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, coinciden en que lo mejor es esperar a después de las elecciones para elegir un fiscal. El Frente Ciudadano por México, la amalgama creada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quiere convertirlo en una de sus principales armas electorales. El empuje de la sociedad civil es lo único que puede llevar al traste los intereses políticos. El futuro inquilino de la fiscalía general tendrá un poder omnímodo, con un mandato de nueve años y será además el encargado de designar al fiscal anticorrupción, otra de las vacantes del Estado mexicano, que sí cuenta en el papel, desde abril, con una Fiscalía Anticorrupción. Sin nadie que la dirija, claro.

El vacío de justicia se ha agudizado tras la destitución de Santiago Nieto, fiscal especializado en delitos electorales, después de denunciar presiones de Emilio Lozoya. Los partidos de oposición tratan de restituirlo en el cargo, mientras el PRI maniobra para lo contrario. De salirse con la suya el tricolor, la fiscalía encargada de investigar los desmanes políticos quedaría descabezada en pleno año electoral. Como en el caso de la PGR, el nombramiento de un nuevo titular se antoja complicado, pues requiere del consenso de dos tercios del Senado. “Los sistemas de designación y restitución están construidos a partir de la desconfianza que se tienen los partidos políticos. Los nombramientos requieren de mayorías y eso genera una especie de autosabotaje”, opina José Roldán, quien advierte de una macabra paradoja: “En el momento en que más se necesita personal cualificado, las instituciones estarían dirigidas por funcionarios de segundo nivel”.