En el tercer párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de 1917 se reconoce que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, lo cual será garantizado por el Estado, al igual que el derecho a la protección de la salud (párrafo 4º) y el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible (párrafo 6º). En el mismo artículo se hace mención que los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral (párrafo 9º).

Ochenta y dos años después, el 9 de diciembre de 1999, el Senado de la República aprobó que se declaren los derechos fundamentales de los menores y se establezca la obligación de los ascendientes de preservar tales derechos (párrafo 10º). Esto no está todavía en la Constitución.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2018), en México el 75 por ciento de la población presenta obesidad y el 10 por ciento diabetes, ocupando nuestro País el deplorable primer lugar mundial en obesidad infantil. De acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la desnutrición ha disminuido mientras que la obesidad y el sobrepeso han aumentado debido al tipo de alimentos que se consumen. El informe estima que la malnutrición le ha costado al País 2.3 por ciento del PIB, lo cual equivale a 28 mil 800 millones de dólares y para el año 2078, la pérdida por desnutrición será de 114.800 millones de dólares.

Ahora es el momento. Si no se actúa contra la desnutrición infantil, los costos humanos y económicos serán muy altos en el presente y en el futuro. Sin embargo, si se actúa con la profundidad necesaria, los beneficios humanos y económicos serán enormes.

Los daños que ocasiona la desnutrición durante los primeros mil días de vida del niño son: retardo en el crecimiento y en el desarrollo psicomotor, incremento en el número de enfermedades, menor desempeño intelectual, menor capacidad laboral y menos oportunidades para ocupar un lugar digno en la sociedad, disminución del rendimiento escolar e incremento del abandono escolar o repetición de cursos. En niños y niñas desnutridos, la probabilidad de no completar la educación secundaria es 11 veces menor que en sus pares bien alimentados. La desnutrición en el niño tiene consecuencias irreversibles que se harán sentir a lo largo de su vida.

Al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, él y su entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, prometieron: erradicar el hambre en México, informando que se buscaba beneficiar a 7.4 millones de mexicanos en pobreza extrema. Se creó, por decreto, el Sistema Nacional contra el Hambre (Sinhambre). Pero sólo se redujo en 2 millones la población en extrema pobreza.

Los magros intentos que se han aplicado en México para reducir la pobreza y, por ende, mejorar la nutrición de la población, específicamente de los niños y niñas, han estado llenos de errores políticos, fraudes y México está en deuda con los ciudadanos, principalmente con los niños y niñas, que son el presente y futuro del País, al no eliminar la pobreza y la desnutrición. Han pasado más de 100 años desde que esto quedó establecido en la Constitución de 1917.

La semana pasada pudimos ver la actuación valiente de los legisladores de Oaxaca, que aprobaron en la sesión ordinaria del miércoles 5 de agosto, adicionar el artículo 20 Bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, a fin de prohibir la venta y consumo de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de edad; esta iniciativa busca ayudar a resolver los graves problemas de salud que implica para la infancia el consumo de las bebidas y alimentos que se prohíben. La presencia de estos elementos en la dieta infantil deviene en obesidad, sobrepeso, diabetes y otras enfermedades que merman considerablemente la calidad de vida de las personas e incluso ocasionan la muerte.

Las empresas afectadas lamentaron la prohibición del Congreso de Oaxaca, pues consideran que impactará en toda la cadena de la industria agroalimentaria. Ellos prefieren que se continúe con la venta de bebidas y comida chatarra y se siga incumpliendo con la Constitución, que se siga envenenando a niños y niñas del País y que se limite el desarrollo cognitivo en la niñez para que así puedan seguir siendo manipulables.

Con esta iniciativa, Oaxaca ha quedado como el estado pionero en el País en el cuidado de la salud de su niñez. Otros estados han manifestado la intención de hacer algo semejante.

Cuando hay voluntad y conciencia del interés superior de la infancia, de la salud pública y del bienestar de las personas, sobre cualquier otro interés y en cumplimiento de la Constitución, no hay nada que impida su cumplimiento.