El 11 de septiembre de 1973, la población de Chile sufrió uno de los acontecimientos más relevantes de su historia. El general Augusto Pinochet dio un golpe de estado derrocando al presidente Salvador Allende, quien había sido electo democráticamente tres años antes. Este golpe dio lugar al inicio de una dictadura militar que duró más de 16 años y tuvo como resultado el crecimiento de la desigualdad y la represión violenta. Sus consecuencias permanecen hasta la actualidad y se reflejan en la estructura social y política de un país polarizado y desprovisto de una justicia transicional que le permita reconciliarse.

La instauración en 1973 de un modelo económico de corte neoliberal, plasmado en la privatización de sectores como la salud, pensiones, educación, carreteras, bienes y servicios sigue vigente en la actualidad. A nivel político, el régimen se caracterizó por ser un modelo autoritario, establecido sobre principios emanados de la extrema derecha, que prohibió la creación legal de nuevos partidos políticos, limitó la libertad de expresión y disolvió el Congreso Nacional. Los puntos principales de su doctrina de pensamiento fueron: carencia de democracia, posición anticomunista, rechazo al aborto, la eutanasia y defensa de los matrimonios homoparentales, salvaguardia férrea de la patria, catolicismo absoluto, represión de la participación de la mujer y de los grupos LGBT. En 1980 se promulgó una nueva Constitución de corte conservador y privatizante.

El mandato de Pinochet terminó el 11 de marzo de 1989, pero la Constitución continuó vigente. El 25 de octubre pasado (2020), los ciudadanos de Chile decidieron en las urnas que el país necesita una nueva Constitución

En México, desafortunadamente, hay personas a quienes les gustaría repetir los acontecimientos de Chile, como al CEO de Kimberly Clark, Claudio X. González Laporte, quien declaró en 2006 que si ganaba AMLO repetirían lo que sucedió en Chile en 1973; lo derrocarían como le pasó a Allende.

La irrupción de la ultraderecha en México se ha manifestado a través de varios grupos de empresarios e intelectuales orgánicos, que pretenden desestabilizar al País polarizando a la sociedad sin importarles los daños que se podrían ocasionar.

En junio pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera, se refirió al plan denominado “Rescatemos a México” creado por el “Bloque Amplio Opositor” (BOA), grupo integrado por comunicadores, empresas y organismos ciudadanos. Dicho plan se usaría para derrotar a Morena en las próximas elecciones intermedias de 2021.

Este bloque opositor se apoyaría en los partidos políticos de oposición, además de gobernadores, alcaldes, grupos empresariales locales, medios de comunicación y comunicadores afines, redes sociales orgánicas y organizaciones de la sociedad civil.

Otro grupo opositor es FRENAAA, promovido por Gilberto Lozano, fundador del Consejo Nacional Ciudadano. También participan el periodista Pedro Ferriz de Con, su hijo Pedro Ferriz Hijar, Rafael Loret de Mola, el empresario Juan Bosco Abascal y el académico Salvador Mendiola, entre otros. Su objetivo principal es la renuncia del Presidente de la república.

El comportamiento de estos grupos opositores en México es similar al de otros grupos conservadores en el mundo, con una posición bastante dogmática, anacrónica, intolerante e irrespetuosa y, aunque es legítimo que tengan posiciones contrarias a las que se proponen, no lo es si sus propuestas incitan al odio.

El pasado 25 de octubre apareció el movimiento Sí por México, integrado por organizaciones y fundaciones de ultra derecha, con financiamiento de cámaras empresariales y personajes ligados a lo más rancio del conservadurismo mexicano. Este nuevo agrupamiento busca competir electoralmente con Morena. Está integrado por organizaciones como el Frente Nacional por la Familia, la Unión Nacional de Padres de Familia, la Red de Líderes Católicos y otros, los cuales se han destacado por defender una agenda en contra de los derechos elementales para la comunidad LGBT como el matrimonio igualitario y el derecho al aborto. Lo integran también el Frente Nacionalista de México, organización que reivindica a Porfirio Díaz y a Victoriano Huerta y que quiere regresar la “gloria” del imperio mexicano, así como la Fundación Carlos Abascal, uno de los fundadores del sinarquismo mexicano, organizaciones ligadas a grupos armados como: Organización Fénix, Army Centurion y la Asociación Tepic de Militares.

Por otro lado está el pacto federal de gobernadores y los más de 650 periodistas, cineastas, artistas, comunicadores, escritores, entre otras personalidades, intelectuales que se quejan de represión en la libertad de expresión.

Ninguno de los grupos opositores mencionados demuestra un liderazgo sólido que los integre en un frente unido. Todos ellos defienden sus intereses que consideran amenazados por el gobierno actual y no les importa el desgajamiento de la nación y el daño irreversible que le harían al País y a los más de 50 millones de pobres. Son una oposición desdibujada y desorientada, sin liderazgo ni narrativa, capaz de disputarle la agenda al Presidente. Esperemos que no nos conduzcan a lo que sucedido en Chile hace 47 años, con fatales consecuencias para el país.