De acuerdo con la actual Ley de la Industria Eléctrica, entre las tecnologías para generar energía que se consideran limpias se encuentran, de manera preponderante, las que hacen uso ya sea del viento, de la radiación solar, de la energía oceánica o del calor de los yacimientos geotérmicos. Aunque hay otras menores, a las anteriores se deben añadir ciertamente las dos grandes fuentes tradicionales, las cuales son responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE): la energía proveniente de centrales hidroeléctricas y la energía nuclear.

En septiembre de 2016, México ratificó el Acuerdo de París mediante el cual las naciones signatarias se comprometieron, justo a partir de este 2020, a reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático. El acuerdo establece al respecto tres acciones prioritarias: la primera es mantener, durante todo este siglo, el aumento de la temperatura media mundial debajo de los dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales (antes de 1880). La segunda es promover en cada nación la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero (los gases que atrapan el calor en la atmósfera). Y la tercera es que los países desarrollados deben mantener sus flujos financieros a un nivel compatible con una trayectoria de crecimiento mundial que conduzca a un desarrollo sostenible.

Al firmar el acuerdo México se comprometió, a título individual, a reducir las emisiones de su sector industrial generando el 35 por ciento de energía limpia en el 2024 y el 43 por ciento a más tardar en el 2030 (los dos, por cierto, serán años de elecciones presidenciales). Además se comprometió a reducir en 22 por ciento la emisión de gases de efecto invernadero y en 51 por ciento las emisiones de carbono negro. Aún cuando esas metas parecerían a primera vista difíciles de alcanzar, esto no tendría por qué ser así. La enorme riqueza de México en materia de energía solar, eólica y oceánica, da para eso y para mucho más.

Como un buen ejemplo de ello está la estrategia “Ciudad Solar” que el gobierno de la Ciudad de México pretende llevar a cabo en este sexenio. Una de sus acciones contempla la instalación de paneles fotovoltaicos en 300 edificios públicos. Otra pretende brindar créditos blandos a las micro y pequeñas empresas que decidan instalar sistemas solares fotovoltaicos. Y la última contempla impulsar la instalación de esos sistemas en 130 mil casas habitación. Guardando las proporciones, bien podrían lanzarse con el apoyo del Gobierno federal programas semejantes en otras ciudades de México, especialmente en las que cuentan con una gran radiación solar.

Pero eso sería tanto como pedir peras al olmo. Para la actual administración federal es al parecer inadmisible que parte de la producción eléctrica pueda ser proveída no solo por empresas privadas, sino inclusive por individuos que pretendan hacer uso de la radiación solar recibida en sus hogares. La provisión de electricidad es, ha afirmado el actual director de la CFE, un “derecho humano que no puede estar a manos de privados”. Esto viene del responsable de una empresa productiva del Estado, o paraestatal como se decía antes, que tan solo este año acabará requiriendo alrededor de 120 mil millones para mantenerse a flote.

Ese subsidio, que acabaremos por pagar todos los mexicanos por cierto, es apenas una parte del problema. La única energía limpia que puede proveer la CFE es la proveniente de las hidroeléctricas ya existentes y de la central nuclear de Laguna Verde, nada más. El resto tiene que provenir por necesidad del empleo de combustibles fósiles. Así pues, de persistir esa visión anacrónica, cada día nos alejaremos más no sólo de nuestros compromisos internacionales, sino también del compromiso moral que deberíamos tener con nuestros propios descendientes, presentes y futuros. Volveremos a esto la semana que entra.