El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegó a un acuerdo preliminar con cuatro compañías privadas de energía para resolver un conflicto de un mes sobre los contratos de gasoductos de gas natural, según personas con conocimiento directo de las conversaciones con las que habló The Wall Street Journal.

Según los términos del acuerdo, que podría anunciarse el martes, México pagará tarifas más altas para enviar gas a través de las tuberías durante los próximos 10 años, pero finalmente obtendrá un ahorro nominal de aproximadamente 600 millones de dólares, según un análisis.

El acuerdo contempla a las empresas IEnova, TransCanada, Grupo Carso y Fermaca, que en conjunto contrataron con la CFE la construcción de más de 3 mil 300 kilómetros de gasoductos para transportar gas de Estados Unidos a México.

Si se aprueba, el acuerdo permitiría que el gasoducto marino del sur de Texas-Tuxpan, que se completó en junio, comience a operar. El proyecto se terminó ocho meses tarde y debido al conflicto, aún no ha comenzado a enviar gas.

En una reunión de agosto, el empresario Carlos Slim propuso la solución del conflicto directamente al presidente, según personas familiarizadas con el asunto, y advirtieron que el acuerdo tentativo aún podría fracasar. Ambas partes tienen otra sesión el lunes.

Los contratos originales de los gasoductos requerían que el gobierno pagara tarifas que aumentaran cada año durante 25 años. Según los términos del acuerdo que propuso Slim, esas tarifas se “nivelarían”, o se restablecerían a su promedio a lo largo de la duración de los contratos, y luego se descontarían entre un 5 y un 10 por ciento por gasoducto.

Eso significa que para la primera mitad de la duración del contrato, las tarifas serían más altas que en el acuerdo anterior. Los contratos también se extenderían por cinco años, según el análisis del acuerdo.

Los términos del acuerdo, en manos del WSJ, sostienen que a pesar de que el gobierno está ahorrando 600 millones de dólares en términos nominales, los pagos iniciales más altos hacen que el acuerdo sea potencialmente peor para el gobierno mexicano a largo plazo.

DUDAS DE HACER NEGOCIOS EN MÉXICO

La disputa de meses sobre gasoductos ha difundido un nuevo nivel de incertidumbre sobre lo que significa hacer negocios en el país.

Están en discusión los cambios propuestos a los contratos firmados para siete líneas, en su mayoría construidas para satisfacer la creciente demanda de gas en el país.

La administración deLópez Obrador quiere eliminar las disposiciones que obligan al Gobierno a pagar el gas incluso cuando no fluye, y solicita miles de millones en reembolsos y daños.

Las empresas —entre ellas Grupo Carso de Slim, la unidad en México de Sempra Energy, TC Energy de Canadá y Fermaca Enterprises— dicen que los contratos deben permanecer intactos.

El conflicto se da tras la abrupta cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco de 13 mil millones el año pasado, y llega en un momento en que el país necesita inversiones adicionales para apuntalar su obsoleta infraestructura.

El enfrentamiento ha provocado la preocupación de grupos que van desde empresarios locales hasta la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la embajada de Canadá en México. Incluso formuladores de políticas del Banco Central han dicho que están preocupados.

Los gasoductos son una salida importante para una gran cantidad de gas producido en EU, y México necesita las importaciones de combustibles fósiles para generar energía para hogares y fábricas, ya que sus antiguos campos no producen lo suficiente para satisfacer la demanda.

Las importaciones del país de gas estadounidense a través de gasoductos se ha más que cuadruplicado desde finales de 2013, a más de 5 mil millones de pies cúbicos por día, según datos recopilados por Bloomberg.