Por Nayeli Roldán (@nayaroldan) para Animal Político

A siete años de que los países latinoamericanos firmaron la Declaración Ministerial “Prevenir con educación”, México carece de indicadores de las metas alcanzadas y los programas de educación sexual implementados son insuficientes porque las currículas en las escuelas se difunde información sobre reproducción y VIH, pero se omite hablar de “género” y “placer”.

Estos son algunos resultados del estudio comparativo realizado por la Coalición Mesoamericana para la Educación Integral en Sexualidad, integrada por la Internacional Planned Parenthood Federetion (IPPF) y la Red Democracia y Sexualidad, entre otras. Se trata de un análisis de la implementación de programas de salud y educativos en los 17 países de América Latina que firmaron la declaración en 2008, durante la XVII Conferencia Internacional sobre SIDA.

En el análisis de cumplimiento de 17 países, México ocupa el noveno lugar al reportar 75% de avance en la implementación de programas para dos ámbitos: educación y salud dirigidos a jóvenes. Sin embargo, existen diferencias considerables entre cada rubro. Mientras que la meta de programas de salud tiene un avance de 90%, en educación apenas alcanzó 45%.

Las resistencias para incluir más temas de educación sexual en las escuelas tienen origen en “los acuerdos” de los gobernantes con la jerarquía católica y los grupos ultraconservadores. Se trata de una cuestión política, asegura José Aguilar, coordinador de la Red Democracia y Sexualidad.

Al presentar los resultados del estudio, Aguilar afirmó que aún existen tabúes al hablar de sexualidad en la región, pero un factor clave en México es “la constante y difícil lucha” con los grupos ultraconservadores.

Las organizaciones sociales han intentado incluirse en el debate, pero “son los gobernantes los que tienen sus propios acuerdos personales y políticos y hacen negociaciones con la jerarquía y eso da al traste con las propuestas”, insiste Aguilar.

En contraste los avances implementados en México en materia de salud incluye la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), toda vez que 55% de los embarazos en el país “no son planeados” y 23% de los adolescentes de 12 a 19 años han iniciado su vida sexual.

María Antonieta Alcalde Castro, directora de la Oficina para las Naciones Unidas en Nueva York de la IPFF, precisó que “esta evaluación no pretende evaluar el cumplimiento de las metas porque no tenemos información disponible”, por ello sólo pudieron monitorear el cumplimiento de programas de la Secretaría de Salud y Educación.

Este estudio pretende ser una herramienta de rendición de cuentas, pero también de exigencia para los países que se comprometieron a combatir las problemáticas como que América Latina y el Caribe una de cada cinco mujeres que viven en áreas urbanas y hasta una de cada tres de zonas rurales tienen su primer hijo antes de los 20 años, insistieron.

América Latina falla en la educación sexual

En el avance de implementación de la Declaración, Uruguay está por concluir su proceso al alcanzar el mejor resultado en la región con 92%; le sigue Costa Rica (90%), Argentina (83%). República Dominicana, Honduras, El Salvador y Colombia alcanzaron 79%. Le sigue Perú (78%); México (75%), Guatemala (68%), Paraguay (66%), Nicaragua (59%), Ecuador (59%), Panamá y Bolivia (52%), Venezuela (43%) y Chile (39%).

Los expertos coincidieron en que si bien ha habido avances en la materia, los países de América Latina y el Caribe han fallado en la educación sexual dirigida a los jóvenes.

Aguilar explicó que los presupuestos para salud en ocho de las 17 naciones evaluadas no existen recursos específicos para la implementación de la Declaratoria Ministerial Prevenir con Educación, y sólo nueve países reportaron tener montos destinados para Educación Sexual Integral.

Respecto a la currícula en las escuelas, los materiales didácticos ocupados en la región, “carecen de información suficiente y adecuada sobre temas de género y placer y relaciones interpersonales”.

La Coalición detectó que en 11 naciones hay un acceso prácticamente inexistente a servicios de aborto seguro para las y los jóvenes. Mientras que en Honduras está prohibida la anticoncepción oral de emergencia y en El Salvador y Panamá están prohibidas las pruebas de VIH a menores de edad.