La presión que el futuro Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ejercido sobre las compañías norteamericanas instaladas en México, sobre todo las automotrices, ha evidenciado la dependencia de la economía nacional a este tipo de inversiones. Vulnerabilidad que se registra aun cuando las trasnacionales han recibido en México no sólo un mercado laboral con los salarios más bajos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sino incentivos que van desde las reservas territoriales en las que se instalan, hasta la condonación de impuestos y construcción y acceso a redes de infraestructura, entre otros. Estas actividades de “promoción económica” se convierten en apoyos millonarios para las trasnacionales que se pagan con recursos públicos.

La actividad manufacturera es el eje de la economía de San Luis Potosí. De acuerdo con el Gobierno del Estado, esta industria contribuye con el 27.1 por ciento del Producto Interno Bruto, por lo que una nueva inversión de mil 600 millones de pesos por parte de la compañía norteamericana Ford fue una de las principales noticias del Primer Informe de Gobierno del priísta Juan Manuel Carrera López, el pasado mes de septiembre.

“Las ventajas competitivas, la promoción económica y el esfuerzo del Gobierno del Estado se tradujeron en la atracción de la planta Ford Motor Company, la cual impulsará a la entidad hacia un nuevo y más alto nivel competitivo, proyectándola como un destino propicio para la inversión extranjera y para el desarrollo de la actividad automotriz, al invertir 1 mil 600 millones de dólares”, indicó el Informe.

“Esto generará 2 mil 800 empleos directos y cerca de 10 mil indirectos, lo que colocará a San Luis Potosí como una de las cinco entidades federativas con mayor producción de vehículos ligeros en México hacia el año 2020”, agregó el texto en su primera parte, denominada “San Luis Próspero”.

La “promoción económica” y el “esfuerzo” del Gobierno de esa entidad habían sido ofrecimiento de apoyos millonarios para la trasnacional, generados con recursos públicos.

De acuerdo con el periódico Pulso de San Luis, a cambio de la generación de los empleos, la administración estatal había donado 220 de las 280 hectáreas que ocuparía la planta –con acceso a las redes de gas natural, agua tratada y energía eléctrica– y, además, le había ofrecido perdonarle impuestos locales por los próximos 10 años.

“José Luis Ugalde, Secretario de Finanzas, dijo que en total son mil 27 millones de pesos los que el Gobierno del Estado dará como incentivo, los cuales serán obtenidos del fortalecimiento de ingresos propios y parte federal en dos años, 50 por ciento este año y el resto en el 2017 (…) Otros de los incentivos son la condonación de 10 años de impuesto Sobre Nómina y 10 años del predial”, reportó Pulso de San Luis en abril pasado.

No fue suficiente. El pasado 3 de enero, Ford Motor Company anunció que cancelaba la inversión en esa entidad y que, en cambio, invertiría 700 millones de dólares en la expansión de la planta que tiene en Flat Rock, Michigan, “salvando aproximadamente tres mil 500 empleos en Estados Unidos”, informó la compañía en un comunicado.

La medida fue posterior al triunfo del empresario Donald Trump en la elección por la Presidencia de Estados Unidos, cuya campaña se centró en criticar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) y a las firmas norteamericanas, sobre todo Ford, que invierten en México.

“Los automóviles solían ser hechos en Flint, y no podías tomar el agua de México. Ahora, los automóviles se hacen en México y no puedes tomar el agua en Flint”, dijo Trump en septiembre en esa localidad de Michigan y que hace meses es noticia por la contaminación de sus redes de agua potable.

La presión que Trump ha ejercido sobre este tipo de inversiones y su impacto inmediato en indicadores como el tipo de cambio ha evidenciado la extrema dependencia de la economía mexicana de las inversiones procedentes de Estados Unidos.

Vulnerabilidad que se registra aun cuando las trasnacionales, como Ford en San Luis Potosí, han recibido en México no sólo un mercado laboral con los salarios más bajos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sino incentivos que van desde las reservas territoriales en las que se instalan, hasta la condonación de impuestos y construcción y acceso a redes de infraestructura, entre otros.

Otro ejemplo de este tipo de beneficios son los recibidos por la alemana BMW, también en San Luis Potosí, a donde llegó atraída por el ofrecimiento de 500 hectáreas de reservas, carreteras, calles y puentes peatonales, una vía férrea para sacar su producción, exención de impuestos municipales, estatales e incluso el pago de oficinas temporales por tres años.

“El Gobierno del Estado asegura que cuenta con las facultades y recursos necesarios y suficientes para la ejecución del convenio (…) refiere que desde la presupuestación para este año se estableció la creación del Fideicomiso Público de Inversión Administración para el Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí, que se integrará con el 20 por ciento del monto recaudado del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, popularmente conocido como Impuesto Sobre Nómina”, reportó Pulso de San Luis.

“El Gobierno se compromete a conseguir para el Fideicomiso otro terreno adicional de aproximadamente 21.8 hectáreas que es apto para la conexión de la planta con la vía ferroviaria existente operada por la empresa Kansas City México, mediante la construcción de la conexión ferroviaria y las espuelas para conectar a la armadora. Como ese espacio destinado a corredor ferroviario para BMW está compuesto de parcelas que son propiedad ejidal, se hará cargo de los procedimientos necesarios para modificar el régimen”, agregó el medio.

La atracción de este tipo de plantas también ha motivado casos de especulación inmobiliaria, como la reportada en junio pasado por Reforma desde Guanajuato, donde el Gobierno del estado compró 607 hectáreas para una fábrica de Toyota.

“Algún funcionario tuvo que avisar a la empresa JAOS & SGB que Toyota se asentaría en Apaseo El Grande para que acaparara tierras, las compraran a bajo precio y luego las comercializaran a sobreprecio”, reportó Reforma citando a Baltazar Zamudio, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática.

“Es evidente que hubo tráfico de influencias y pudieran existir otros delitos como conflicto de intereses, porque habría que conocer qué funcionarios estatales tienen alguna relación con JAOS & SGB”, agregó la nota.

En Puebla, el Gobierno del panista Rafael Moreno Valle también dio a la trasnacional alemana Volkswagen un predio de 460 hectáreas para que instalara ahí su nueva planta Audi.

“Con fecha de 5 de septiembre de 2012, el Gobierno del Estado celebró contrato de desarrollo con Audi Automotive, S. A. de C. V y Volkswagen de México (…) a efecto de lograr la implementación en el Estado de un proyecto consistente en el desarrollo, construcción y operación de una o más instalaciones de manufactura y ensamblaje de automóviles, así como cualesquiera otros negocios relacionados, tales como la manufactura de todo tipo de partes, refacciones y accesorios para la industria automotriz”, dice el decreto del 10 de septiembre de 2012, que autorizó a Moreno Valle el traspaso de esos bienes públicos a la multinacional.

“Asimismo, Audi, por virtud del contrato, garantiza, decara y se obliga a desarrollar el proyecto en el sitio del proyecto, a utilizar los recursos proporcionados por el Gobierno del Estado, única y exclusivamente, para la ejecución del Proyecto (…) Que el sitio del proyecto comprende los lotes que conforman 460 hectáreas ubicadas en el Municipio de San José Chiapa, considerados como una ubicación apropiada para establecer las instalaciones en México”, agrega el convenio.

En 2015, cuando Volkswagen se vio descubierta por el Gobierno de Estados Unidos en un fraude para alterar los resultados de las emisiones contaminantes de uno de sus modelos, Moreno Valle anunció la adquisición de 200 vehículos para que su administración los usara como patrullas y “como muestra de apoyo y solidaridad de mi Gobierno al empleador más importante de Puebla”.

El año pasado, Volkswagen de México apareció en la lista de beneficiados con “privilegios fiscales” difundida por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, que muestra cómo a la trasnacional ubicada en Puebla le fue condonado un crédito por 56 millones 147 mil 126 pesos.

Y, también el año pasado, la plataforma de Audi apareció en la lista de obras que, de acuerdo con el investigador de la Benemérita Universidad de Puebla, Eudoxio Morales, fueron financiadas a través de la figura de Proyecto de Prestación de Servicios, o (PPS).

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Figura que, de acuerdo con sus críticos, ha permitido al Gobernador panista “ocultar” al Gobierno federal el incremento de pasivos debido a una modificación hecha desde 2011 por Moreno Valle y que, gracias a un cambio en la ley estatal, dejó de considerar “deuda pública” estos PPS.

“La construcción de la plataforma Audi, que es una de las obras que podrían considerarse productivas, también implica riesgos. No se sabe en qué términos el gobierno estatal le ofreció esas facilidades y que beneficios proporcionará a las finanzas públicas”, advirtió en febrero el diputado federal poblano Rodrigo Abdala, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En marzo pasado, Moreno acudió a una de las plantas de la empresa alemana, destacó la compra de los 200 vehículos en “solidaridad” con la misma y, también, anunció la ampliación de un periférico por un costo de 127 millones de pesos.

“Somos testigos de que el proyecto continúa y sabemos que va en ruta, que hay una planeación que se cumple cabalmente, por eso el Gobierno del Estado siempre será aliado de Volkswagen”, dijo Moreno Valle en la planta de Cuautlancigo, de acuerdo con un boletín de su administración