Aunque en el papel México tiene muy buenas leyes en materia de protección a solicitantes de refugio, no las pone en práctica de manera adecuada, por lo que sus instituciones operan con recursos insuficientes y la población que llega al país en busca de salvar su vida sigue padeciendo múltiples abusos, tanto por parte de grupos criminales como de servidores públicos.

Así lo denunció Filippo Grandi, titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), quien subrayó que los sectores más expuestos a sufrir algún tipo de violencia durante su paso por México son las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, así como los grupos de diversidad sexual.

Luego de haber realizado una visita de cuatro días al país, Grandi señaló en conferencia de prensa que en ciudades como Villahermosa y Tenosique escuchó "historias de increíble violencia que me rompieron el corazón", relacionadas con violaciones, extorsiones, asesinatos y reclutamiento forzoso, cometidos en su mayoría por pandilleros de las maras.

En el llamado triángulo norte de Centroamérica –compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras– muchas de las agresiones cuentan con la complicidad de servidores públicos, y la impunidad "se encuentra muy extendida".

Muchas de las víctimas, al perder toda confianza en que su gobierno será capaz de protegerlos, deciden huir de su lugar de origen, tan sólo para ser blanco de nuevos actos de violencia durante el camino.

Frente a dicho escenario, el diplomático italiano señaló que los organismos del gobierno mexicano que atienden a esta población vulnerable –como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar)– trabajan en condiciones muy precarias, a pesar de la enorme carga de trabajo que deben enfrentar.

"La Comar es relativamente pequeña y necesita ser reforzada, porque la persistencia de la crisis en Honduras y El Salvador implica que este movimiento de personas va a continuar", dijo Grandi, quien advirtió que al tradicional flujo de migrantes de Centroamérica ahora se suma otro de ciudadanos de Venezuela.

El funcionario remarcó que el presupuesto de la Comar es insuficiente, a tal punto que funciona en gran medida con recursos otorgados por Acnur.

"México tiene buenas leyes, incluso muy buenas en algunos aspectos, pero la implementación es un área que nos preocupa. El reto es llevar las buenas intenciones al terreno, a la práctica", aseveró.

El representante de Naciones Unidas enfatizó también que este asunto no debe verse únicamente como una cuestión de seguridad y fronteras, sino como un problema que debe resolverse de raíz, dándole oportunidades de empleo, educación y desarrollo a las personas, para que no se vean obligadas a salir de su lugar de origen.

De igual forma, destacó que la solución a la crisis de refugiados que se vive en México y Centroamérica no puede venir de un solo país –ni siquiera de Estados Unidos–, sino de un enfoque de cooperación regional.

Por tal razón, propuso realizar un foro con la participación de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Costa Rica, en donde se definan las prioridades en el tema para llegar a mejores resultados.

Grandi detalló que ayer se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto para exponerle sus hallazgos y observaciones, las cuales el mandatario "escuchó con cuidado", además de que coincidió en que es importante fortalecer a la Comar y tener un enfoque regional en la solución de este conflicto.

El director de Acnur recordó que México tiene una "orgullosa tradición" de apoyo a los refugiados, como en el caso de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, los republicanos en la Guerra Civil Española, y las víctimas de persecución de las dictaduras en varios países de Sudamérica en la década de los 70 del siglo pasado, pero debe refrendarla apoyando a quienes hoy necesitan de su respaldo.

Asimismo, externó su admiración por el trabajo que realizan diversas organizaciones no gubernamentales, tanto laicas como religiosas, que "cumplen una labor fundamental de protección" de los refugiados.