Ciudad de México. Antes que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), otros organismos multilaterales han hecho observaciones y recomendaciones a México sobre la salud alimentaria y el etiquetado correcto de la comida industrializada para abatir la epidemia de sobrepeso y obesidad que persiste en la población, pero a diferencia de otros países, aquí las autoridades no han hecho caso pese al gran costo económico que representa para el sistema de salud, aseveró Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor (EPC).

La causa, dijo, es porque persiste un conflicto de intereses ya que la industria alimentaria está metida en el diseño de las políticas públicas al respecto y la prueba de ello es que “empresas o asociaciones que reciben dinero de ellas” acaparan más de la mitad de los lugares del Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles (Oment), creado el año pasado por la Secretaría de Salud , cuando Mercedes San Juan la encabezaba, y en el que ni siquiera se incluyó al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Con ello se contravino la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el sector privado no debe participar en el diseño y evaluación de las políticas públicas de salud pública contra la obesidad, por los intereses económicos que tienen en el tema. Afortunadamente, comentó que con José Narro como titular de la SSA se invitó a se corregirá el error de dejar fuera al INSP, el cual ha realizado investigaciones sobre la obesidad que han sido impugnados por el sector privado.

El lunes, la Cepal presentó el estudio El costo de la doble carga de la malnutrición, donde se reveló que éste cuesta a México el equivalente al 2.3 por ciento de su producto interno bruto, es decir más de 28 mil millones de dólares, en contraste con Chile donde equivale al 0.2 por ciento del PIB o 500 millones de dólares. El organismo advirtió que la sobrealimentación se convertirá en la mayor carga social y económica de la región latinoamericana y en el caso de México se proyecta que desde 2014 a 2078 costará anualmente de 13 mil millones de dólares.

El director de EPC señaló que México tampoco ha hecho caso de las recomendaciones sobre el etiquetado en alimentos ya que el que actualmente está vigente resulta tan poco claro que “ni siquiera los estudiantes de nutrición lo entienden” y el cual fue diseñado por las empresas en conjunto con la Cofepris.

Otros organismos como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) también han hecho recomendaciones similares, pero sin que las atienda el gobierno mexicano.

Calvillo consideró que la única medida que ha dado resultados, aunque no los deseados, fue el impuesto especial para la producción y servicios (IEPS) que con la reforma fiscal comenzó a aplicarse desde 2014 a bebidas y alimentos con alto contenido calórico como los refrescos, bebidas azucaradas, dulces y pastelitos, contra el cual no ha dejado de oponerse la industria presentando estudios “que nunca han sido publicados en revistas científicas” y con los que argumenta que su finalidad fue meramente recaudatoria.

Los resultados del IEPS “no son los que esperábamos o no los que se habrían alcanzado si en lugar una tasa del 10 por ciento hubiera sido del 20 por ciento”. Además, comentó que aunque México ya cuenta con una “buena regulación” sobre la venta de alimentos y bebidas que deben permitirse en las escuelas, ésta no se cumple.